La Comisión de Servicios Públicos, Movilidad y Tránsito del Concejo Deliberante de nuestra ciudad comenzó a debatir este miércoles cinco proyectos para regular el funcionamiento del «servicio público» de autos de alquiler con chofer, contratados mediante apps. El caso más visible es el de la plataforma Uber, que motivó recientemente un fallo del Tribunal Superior de Justicia, que puso en evidencia la necesidad de dictar un marco legal para esa actividad.
En la primera reunión, los ediles acordaron formar una mesa de trabajo que intentará avanzar en los puntos en los que hay consenso general, y también trabajar en las disidencias de fondo, además de convocar a todas las partes interesadas en el tema, para escuchar sus planteos.
Según se informó en un comunicado están en discusión cinco iniciativas: dos de la concejala Jéssica Roveto Yapur (bloque Cordobeses por la Libertad); uno de Gabriel Huespe (Ciudadanos); otro del bloque de la UCR; y el último es de la bancada oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba.
En el transcurso del debate, surgió un eje en el que hubo coincidencia generalizada: la necesidad de regular las aplicaciones, pero, al mismo tiempo, quitarles regulaciones y exigencias burocráticas a taxistas y remiseros, para que puedan competir mejor con las apps.
Hay puntos donde el consenso parece cercano, como es el caso de que los prestadores deben inscribirse; tener pólizas de seguro; carnet de conductor; no tener antecedentes penales; hacer ITV; autos de hasta 10 años de antigüedad; y tributar. Más diferencias hay en cuestiones como el ploteo de vehículos; limitar o no la cantidad de horas de trabajo; y qué hacer con el esquema tarifario.
El primer eje de debate giró en torno al encuadre jurídico de los servicios prestados mediante aplicaciones. Rovetto Yapur y la UCR señalaron que se trata de un servicio privado y que así debe tratarse, diferenciado de la regulación de taxis y remises, que se consideran servicio público.
Los autores de cada uno de los proyectos hicieron una presentación general de los mismos. Rovetto Yapur opinó que en un contexto de crisis en el servicio de transporte urbano, de falta de trabajo y de cambios en la vida cotidiana por impacto de las nuevas tecnologías, las apps “vienen a aportar soluciones para los vecinos”, y dijo que “el Estado debe permitirlas y promoverlas”. “Hasta ahora, la única respuesta fue prohibirlas, y no funcionó”, aseguró.
Asimismo, mencionó estadísticas según las cuales en países como Brasil, Chile o México, los conductores de vehículos contratados mediante apps “tienen ingreso bruto promedio tres veces superior al salario mínimo vital y móvil”, y que en Córdoba ganan hasta cinco veces más que esa misma referencia. “Perciben entre $ 70.00 y $ 100.000 diarios”, graficó.
Huespe defendió su proyecto con el argumento de que hay una demanda insatisfecha en materia de transporte, que las aplicaciones pueden cubrir, y también destacó la generación de puestos de trabajo. “Las apps permiten vincular esa demanda, con quienes quieren ofrecer el servicio. La Justicia habló y dijo que es un tema de interés público, que no puede quedar en un vacío legal. Nos tenemos que hacer cargo de regular”, puntualizó.
Desde el oficialismo, Marcos Vázquez planteó que buscan “generar condiciones de igualdad, para asegurar trabajo. Nos interesan los vecinos y las 6.000 familias que hay detrás de los taxistas y remiseros, que tributan y cumplen requisitos para trabajar”. “Las corporaciones verán si se quedan o se van. Queremos avanzar tecnológicamente y sumar las apps, pero que también los taxis puedan utilizarlas y transformarse”, sostuvo.
Por la UCR, Javier Favre pidió despojarse “de fanatismos ideológicos y partidarios, y legislar para el progreso y la modernidad. Hay nuevas formas de vinculación laboral, de prestación de servicios, de economías colaborativas. Si regulamos en exceso, vamos a desnaturalizar el espíritu colaborativo de las aplicaciones. Los controles estatales al transporte han demostrado ser ineficientes. Al control real lo aplica el usuario al elegir qué sistema usa y poner estrellitas o no a la calidad del servicio”, opinó.
Por su parte, Laura Vilches (FIT) pidió “desalentar el transporte privado y priorizar el transporte público y masivo”. “Quienes dicen que las apps son solución a la falta de trabajo, solo están mirando el último eslabón del sistema. No pido que desaparezcan las apps, ya que siempre tendrán su demanda. Pero si muchos usuarios van hacia ese sistema es porque el transporte masivo no les está dando respuestas. Los choferes que se suman a las aplicaciones son trabajadores, docentes, profesionales, que lo hacen para sumar unos pesos, porque no llegan a cubrir sus necesidades económicas básicas”, opinó.
Licencia de conducir hasta los 76 años para taxis y remis
Luego, la mencionada comisión del Concejo Deliberante compatibilizó y aprobó dos proyectos que extienden, de 70 a 76 años, la edad en que prestadores del servicio de taxi o remises pueden obtener el carnet de conductor profesional, prolongando así a cuatro años más su vida laboral activa.
Esta iniciativa va en consonancia con otra similar aprobada el año pasado, que fijó en dos años (y no en uno sólo) la vigencia de los carnés expedidos a mayores de 70 años.
Ambas normas se inscriben en el nuevo paradigma de que lo relevante para estas habilitaciones no es la edad de los solicitantes, sino su apto psicofísico.
Para la aprobación, los ediles se apoyaron en la opinión del doctor Arturo Jaimez Luchetta, gerontólogo y director del Hogar Padre Lamónaca. “En los últimos años, no sólo ha aumentado la expectativa de vida, sino también nuestra calidad de vida. Entonces no tiene sentido tomar la edad como un límite. Hay que ver las condiciones de salud de cada persona”, dijo el profesional.
Luego, amplió: “Lo que importa acá es tener el apto, no la edad, ya sea para manejar un auto particular o un taxi. Si alguien está en condiciones de hacer esa actividad, da lo mismo que tenga 20, 60 o 70 años. Aprobar estos cambios es un paso adelante para acompañar a personas que tienen deseos o necesidad de trabajar y objetivamente están en condiciones de hacerlo. No estamos poniendo en peligro las calles. Más del 80’% de los accidentes graves los protagonizan jóvenes, no adultos mayores”, aseguró Jaimez Luchetta.
Por su parte, el concejal Juan Balastegui (UCR) dijo que con la modificación “eliminamos un castigo a una franja etaria que viene siendo bastante golpeada. Cuando ya deberían estar jubiladas, hay muchas personas que lamentablemente deben seguir trabajando para subsistir, y encima no se lo estábamos permitiendo”.
¿Querés compartir tu experiencia o punto de vista? Envianos tu carta a redaccion@hoydiacordoba.info con tu nombre completo y DNI. Publicamos las voces de nuestra comunidad en la sección Hoy Comunidad.
