BRASILIA.- El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sufrió ayer un nuevo revés de importancia en la justicia, al ser condenado a 12 años y 11 meses de prisión en una nueva causa por presuntos crímenes de corrupción y lavado de dinero. La sentencia fue dictada por la jueza Gabriela Hardt, quien sustituyó al ex juez Sergio Moro en el Tribunal Federal de Paraná, cuando el ex magistrado pasó a ser ministro de Justicia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Según el fallo de la jueza Hardt, el ex mandatario fue favorecido por las empresas OAS y Odebrecht con reformas hechas en una casa de campo que frecuentaba en el municipio de Atibaia, en el estado de San Pablo, aunque no es de su propiedad. El fallo sostiene que dichas empresas pagaron las obras de la propiedad de los empresarios Fernando Bittar y Jonas Suassuna por un valor de 1.260.000 de reales, con recursos desviados de contratos con la petrolera estatal Petrobras. Los fiscales argumentaron que Lula encabezó una organización criminal y dijeron que, de modo consciente y voluntario, disimuló el origen de los valores invertidos en las reformas de la casa de campo que solía frecuentar.
“Es posible concluir por encima de cualquier duda razonable que los valores para costear las reformas provenían de ilícitos anteriores cometidos en provecho de la compañía (Odebrecht- OAS) y que Lula tuvo participación activa en este esquema, tanto por garantizar el recibo de valores para la caja del partido al cual está vinculado (Partido de los Trabajadores – PT), como por recibir parte de dichos valores en beneficio propio”, argumentó la jueza en su fallo, citado por el diario Folha de San Pablo.
La defensa de Lula, sin embargo, alegó que el ex presidente nunca fue informado sobre las reformas realizadas y que tampoco existen pruebas de que él hubiera pedido realizar esas obras a cambio de negocios con su administración. Además, sus abogados negaron que Lula fuera el propietario secreto de la casa y argumentaron que la frecuentaba porque era amigo de la familia de Jacó Bittar, padre de Fernando Bittar, uno de los dueños de la propiedad.
Hay que decir que, como en la primera condena contra Lula del ex juez Moro, Hardt admitió que no tiene pruebas para sostener que los pagos de los contratos hayan sido utilizados para solventar campañas o gastos personales de ningún dirigente del PT. La jueza fundamenta su sentencia en las irregularidades registradas en los contratos de OAS y de Odebrecht con Petrobras, comprobadas por auditorías internas de la empresa estatal, pero sobre todo en las confesiones de los empresarios arrepentidos, que resultaron beneficiados con una importante reducción de penas por sus testimonios. El fallo, sin embargo, puede ser recurrido.
