El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, sufrió su peor derrota ayer en el Parlamento, cuando las fuerzas de derecha y los independentistas catalanes tumbaron su proyecto de presupuestos para 2019. Se trata de un golpe funesto para el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al punto que se espera que anuncie un adelantamiento de las elecciones generales, según adelantaron fuentes del Ejecutivo.
El propio Sánchez había afirmado que anticiparía los comicios en caso de que se presentara este escenario, que sólo se había dado una vez en la historia de España (con la presidencia de Felipe González en 1995). Con su agenda presupuestaria caída, Sánchez tiene en realidad sólo dos opciones: disolver las Cortes y convocar a elecciones generales o intentar seguir gobernando a través de decretos ley.
La segunda no parece viable ante el escenario de fragilidad del Ejecutivo y la inédita unidad exhibida por las principales fuerzas de derecha (Partido Popular y Ciudadanos) en las calles y en el Parlamento. Los medios españoles ya anticipaban que Sánchez anunciará la fecha de los comicios generales el viernes, tras una reunión de su Consejo de Ministros.
Las fechas que se barajan son el 14 o el 28 de abril. La diferencia entre ambos días está en las vacaciones de Semana Santa, el 23 y 24 de ese mismo mes. Según los trascendidos, el Gobierno se inclinará por la segunda opción, con la mirada puesta en lograr un envión positivo para los comicios autonómicos y europeos que se realizarán el 26 de mayo.
El inicio del juicio a doce dirigentes independentistas catalanes por el frustrado intento de secesión de 2017 fue letal para los planes del mandatario, que no pudo encauzar el diálogo con los partidos catalanes ERC (Esquerra Republicana) y PdeCAT (Partido Demócrata Europeo), que lo habían respaldado hace sólo ocho meses para desalojar de La Moncloa a Mariano Rajoy.
Esta vez, las fuerzas independentistas optaron por un curioso alineamiento con los partidos de derecha y aprobaron seis enmiendas presentadas contra el proyecto del Estado. Si bien el Gobierno defendió el texto por su vocación social, las correcciones prosperaron por 191 votos a favor y 158 en contra, con lo que los primeros presupuestos de Sánchez fueron rechazados.
“Votaron no a mejorar la vida de las personas y a devolver derechos, a fortalecer el Estado de Bienestar, a cerrar las brechas sociales, de género e intergeneracionales, a dignificar a las clases medias y trabajadoras”, se quejó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien acusó a la oposición de impedir “los Presupuestos más sociales de la historia de España”. Lo cierto es que el país se encamina a uno de los escenarios electorales más inciertos de los últimos tiempos.
Las consecuencias del fracaso legislativo
El rechazo parlamentario al proyecto de Presupuestos Generales del Estado tiene más consecuencias políticas que económicas. Por un lado, España no se quedará sin presupuestos públicos: seguirán en vigor los de 2018, que ya se prorrogaron a la espera de que hubiera una nueva ley presupuestaria.
Además, las grandes medidas de gasto contempladas en el proyecto económico del Gobierno de Pedro Sánchez (como el aumento de las pensiones) ya estaban aprobadas a través de decretos leyes, y seguirán en vigor.
El problema es que las medidas de ingresos (los impuestos para sufragar parte del nuevo gasto) no verán la luz y dejarán el hueco del déficit sin financiación a pesar de que se mantenga el crecimiento económico.
Segunda jornada del juicio a los independentistas
El juicio contra los doce dirigentes independendistas catalanes en el Tribunal Supremo Español continuó ayer en un clima de creciente tensión, en una jornada donde le tocó argumentar a las partes acusadoras, que negaron el sesgo político del proceso que enjuicia la fallida declaración secesionista de Cataluña en 2017.
Tanto la fiscalía como la abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por el partido de ultraderecha Vox, intentaron rebatir los alegatos de los abogados defensores, que el martes presentaron el juicio como una causa sesgada contra el independentismo catalán.
“No es el independentismo lo que se enjuicia, no es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso, son los gravísimos hechos que acaecieron en los meses de septiembre y octubre de 2017”, declaró por ejemplo el fiscal Javier Zaragoza, quien aseguró que “los acusados llevan años defendiendo este proceso independentista” y sólo se los procesó cuando “han llevado a cabo acciones que han quebrantado los límites establecidos para los derechos políticos”.
El fiscal Fidel Cadena aseveró a su vez que el hecho de que los independentistas “usaran escudos humanos” contra la policía que intentaba impedir el referéndum de 2017, probaría que incurrieron en “violencia”.
