WASHINGTON.- El presidente Donald Trump asestó ayer el golpe más duro al régimen de Venezuela desde que llegó a la Casa Blanca: ordenó bloquear todos los activos del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos, además de prohibir a las empresas norteamericanas hacer negocios con el país centroamericano e impedir la entrada de la cúpula del régimen a su territorio.
Las medidas tienen además una fuerte ramificación internacional, como explicó el asesor en Seguridad Nacional del gobierno norteamericano, John Bolton, quien advirtió a las empresas extranjeras de todo el mundo que también se arriesgan a ser sancionadas si tienen vínculos con el gobierno de Maduro. Para tomar dimensión de las medidas, basta decir que es la primera vez en 30 años que Washington aplica este tipo de sanciones a un país occidental. La ofensiva sitúa a Venezuela en el mismo nivel que Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba para Estados Unidos, los otros países a los que Washington ha congelado sus activos.
“Todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera”, anunció la Administración Trump por la mañana. “Funcionó en Panamá, funcionó en Nicaragua una vez, y va a funcionar allí otra vez, y va a funcionar en Venezuela y en Cuba”, insistió luego Bolton desde Perú, donde intentaba que el Grupo de Lima se sumara a las medidas. “Estamos enviando una señal a terceras partes que quieran hacer negocios con el régimen de Maduro: procedan con extrema cautela. No hay necesidad de arriesgar sus intereses económicos en Estados Unidos por apoyar a un régimen corrupto y moribundo”, advirtió sin eufemismos el funcionario, que sentenció: “El momento para el diálogo terminó, es el tiempo de la acción”.
El objetivo evidente de la medida es forzar una crisis política definitiva en el régimen venezolano, luego de que EE.UU. encabezara una ofensiva internacional que se encuentra estancada desde hace meses, con la oposición liderada por el autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó sin capacidad de influir en la ciudadanía venezolana ni en las Fuerzas Armadas pese a ser reconocido por más de 50 países como el mandatario legítimo. “Esta acción es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente. Aquellos que la sostienen, beneficiándose del hambre y del dolor de los venezolanos, deben saber que tiene consecuencias”, advirtió el propio Guaidó desde Twitter, donde argumentó que las sanciones buscan “proteger a los venezolanos”. Lo cierto es que la ofensiva prácticamente condena el proceso de diálogo que sus representantes encaran, desde hace semanas, con el oficialismo venezolano bajo la mediación de Noruega para encontrar una salida a la crisis sin violencia.
Las consecuencias de las sanciones
CARACAS.- Si bien resulta difícil cuantificar los activos del Gobierno venezolano en Estados Unidos, las nuevas sanciones tendrán consecuencias graves para el país centroamericano.
“Las empresas van a analizar los riesgos regulatorios de hacer negocios en Venezuela y el impacto en su reputación”, explicó el analista Diego Moya, de la consultora IHS Markit, quien consideró que “es casi imposible operar sin tener que realizar algún tipo de transacción en dólares estadounidenses si se trata de una multinacional”.
El propio presidente Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de “terrorismo económico” y de buscar la ruptura del proceso de diálogo iniciado con la oposición, aunque ratificó que “no permitiremos que esta tendenciosa escalada de agresiones afecte” las conversaciones que se iniciaron en Oslo a mediados de mayo.
