BRASILIA.- Con el escándalo desatado por las filtraciones de las comunicaciones entre el ex juez Sérgio Moro y el equipo de fiscales del Lava Jato como candente fondo, el ex presidente Luis Inacio Lula da Silva quedó envuelto nuevamente en una verdadera novela judicial luego de que la jueza Carolina Lebbos ordenara el miércoles su traslado de la Superintendencia de la Policía en Curitiba a una cárcel común en el estado de San Pablo.
La defensa del ex mandatario reaccionó de inmediato ante la endeblez del planteo de Lebbos, quien sólo mentó como justificativo un reclamo del superintendente de la Policía Federal, Luciano Flores, quien señaló que la detención de Lula en Curitiba alteraba la rutina de las instalaciones policiales. La defensa presentó un amparo ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y denunció la motivación política de la decisión de la jueza, considerada una incondicional de Moro, cuya posición como ministro de justicia tambalea ante las filtraciones del sitio The Intercept, que fortalece las denuncias de manipulación ilegal del Lava Jato por parte del entonces juez para condenar a Lula.
Apenas unas horas después de la orden judicial, el STF se reunió de urgencia para tratar el amparo y por una mayoría de 10 votos a favor y uno en contra, revocó el fallo de Lebbos, ordenando mantener al máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) alojado en Curitiba, donde cumple una pena de ocho años y 10 meses de prisión por la condena dictada por Moro en julio de 2017.
La mayoría de los magistrados del STF ordenó entonces que no haya ninguna alteración en sus condiciones de encarcelamiento hasta que la propia Corte juzgue un recurso de habeas corpus presentado por sus abogados para exigir la libertad de Lula en razón de las sospechas de parcialidad que pesan sobre el ex juez y actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, potenciadas por las revelaciones de The Intercept.
“Moro está actuando a través de la Policía Federal para perjudicar a Lula”, denunció Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, quien aseveró que la orden de Lebbos sucede cuando el coordinador de los fiscales del Lava Jato, Deltan Dallagnol, parece tener los días contados en su puesto, ante las revelaciones de la trama organizada con Moro para condenar a Lula. Justo el martes, The Intercept publicó nuevos mensajes que revelaron una campaña de los fiscales del Lava Jato encabezada por el propio Dallagnol para perjudicar al magistrado del Tribunal Supremo Gilmar Mendes, con el objetivo de pedir su destitución por juicio político. Dallagnol llegó a proponer activar investigadores en Suiza para construir pruebas contra Mendes, que cuestionaba la investigación contra Lula. La eventual destitución de Dallagnol supondría una fuerte erosión de la estructura de poder que llevó a Moro a la cartera de Justicia y Seguridad e incluso posibilitó la elección de Bolsonaro en los comicios de 2018.
