LONDRES.- La abrupta decisión del primer ministro Boris Johnson de suspender al Parlamento británico durante cinco semanas, con respaldo de la reina Isabel II, desató una verdadera batalla en el Reino Unido, donde dirigentes y activistas antibrexit se lanzaron a las calles y los tribunales del país para impedir la maniobra.
Bastaron unas horas para que la decisión fuera impugnada ante los tribunales: en Edimburgo, un grupo de 75 diputados y lores pidió a Raymond Doherty, magistrado de los Tribunales Supremos de Escocia, que paralice la medida “por las profundas cuestiones de naturaleza constitucional que suscita”.
A su vez, en Londres, la empresaria Gina Miller presentó otra demanda ante el Alto Tribunal de la capital para obligar al primer ministro a someter la decisión a la propia Cámara de los Comunes. Y en Belfast, un activista de las víctimas del terrorismo, Raymond McCord, interpuso un tercer recurso bajo el argumento de que la maniobra de Johnson, que busca frenar los intentos de la oposición de evitar un Brexit duro, pone en riesgo los beneficios del Acuerdo de Paz de Irlanda porque resucita la amenaza de una frontera dura entre los dos países.
Para más, diputados opositores anunciaron que lanzarán una moción de censura contra Johnson, mientras que una petición contra la medida sumó en pocas horas 1,5 millones de firmas, aunque basta sólo con 100.000 para provocar la apertura de un debate parlamentario en ese país.
El malestar se trasladó también a las calles, donde miles de personas se manifestaron en Londres y otras grandes ciudades con eslóganes como “Paren el golpe de Estado”.
Más protestas están previstas para mañana y el martes: “Somos miles los que nos uniremos a una ocupación del Parlamento y bloquearemos las carreteras antes de permitir que Johnson cierre las puertas a la democracia”, anticipó Laura Parker, una de sus organizadoras.
