QUITO.- Luego de un fin de semana de furia, que dejó a la capital del país como un escenario de guerra, el gobierno de Lenín Moreno finalmente consiguió iniciar ayer una mesa de diálogo con las comunidades indígenas con vistas a superar la crisis social que amenaza con llevarse puesto al presidente ecuatoriano.
Para llegar a este escenario, el mandatario tuvo que acceder previamente a revisar su polémico decreto 883, que dispuso un paquete de ajuste en el marco de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluyó la quita de los subsidios a los combustibles, que elevó su precio hasta en un 123%. No lo hizo sin violencia: el sábado ordenó un “toque de queda y la militarización” total de Quito y sus alrededores para frenar las protestas iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su Gobierno con el FMI. “Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, anunció el jefe de Estado.
Sin embargo, el resultado fue contraproducente: las comunidades indígenas siguieron en las calles y el centro de Quito se terminó de convertir en un campo de batalla constante. No sólo eso, las protestas que originalmente se centraban en los transportistas y el movimiento indígena nucleado en la Conaie (Coordinara de Nacionalidades Indígenas), fue sumando rápidamente a jóvenes, estudiantes, mestizos, blancos y trabajadores en general.
Al anochecer del sábado, tras otro día de cruda violencia, el presidente Moreno anunció medidas para “recobrar la paz social”, que además de propuestas como un bono para trabajadores incluyó la “revisión” del decreto 883. El anuncio abrió la mediación encarada por la ONU, Amnistía Internacional y la iglesia católica, ya que la Conaie aceptó sentarse a una Comisión de Diálogo que finamente se abrió ayer en un colegio católico.
“No cederé en que a ese dinero (en referencia a los subsidios) se lo sigan llevando los traficantes (de combustible) y los narcotraficantes y que vaya a las manos de los sectores más pobres. No claudicaré en esos principios”, afirmó Moreno al abrir la mesa de diálogo, aunque pronto Jaime Vargas, presidente de la Conaie, le respondió con claridad. “Acá se han violado los derechos humanos, ha habido una violencia desmedida contra el pueblo, terrorismo de Estado, esto también se debe analizar”, advirtió al tiempo que ratificó el reclamo indeclinable de “la derogación del decreto 883”, así como también de la reforma laboral y el “estado de excepción” decretado por el Jefe de Estado. “Si esto se decide en este momento, inmediatamente el país se pacifica”, anticipó Vargas, pero “mientras no exista una respuesta clara del Gobierno, mantendremos nuestra protesta”.
Fuertes incidentes y represión en Quito
QUITO.- El “toque de queda” y la militarización de la capital del país decretados el sábado por el presidente Lenín Moreno no hizo más profundizar los graves enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los miles de manifestantes instalados en las calles de Quito, que terminó de mostrar la fisonomía de una ciudad en guerra. La represión oficial se extendió en realidad al día y la noche, mientras que la reacción popular fue creciendo en intensidad: el sábado, los manifestantes atacaron la sede de la Contraloría (Poder Judicial) y medios de comunicación oficialistas como el diario El Comercio y Teleamazonas. Todo durante un día de caos y furia, en donde la capital sufrió múltiples bloqueos, enfrentamientos y una represión desmedida de las fuerzas gubernamentales.
