QUITO. – El presidente Lenín Moreno finalmente accedió en la noche del domingo a derogar el polémico decreto 833, que había dispuesto un fuerte recorte en los subsidios a los combustibles en el marco de un acuerdo con el FMI, con lo que de-sactivó la crisis política y social que venía sacudiendo a Ecuador en los últimos 12 días. El saldo del conflicto es funesto: siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos, según los datos de la Defensoría del Pueblo.
Después de más de cuatro horas de negociación con la mediación de la ONU y la iglesia católica, las dos partes asumieron en la madrugada de ayer un compromiso que responde a la principal exigencia del movimiento indígena: la derogación del decreto que había liberado el precio del diésel y la gasolina, encareciéndolos hasta en un 123%. Además, se acordó la formación de una comisión para elaborar nuevas políticas y el levantamiento de las manifestaciones, según anunció el coordinador de la ONU, Arnaud Peral. Esa comisión estará “integrada por las organizaciones del movimiento indígena participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y con la veeduría de las otras funciones del Estado”, precisó.
“Una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!”, celebró a su vez el propio Moreno, que evitó hacerse cargo en todo momento de las consecuencias sociales y políticas que generó su paquete de ajuste, adoptado a comienzos del mes por un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esas medidas fueron respondidas por protestas sociales que volcaron alrededor de 20.000 indígenas a las calles de Quito, acompañados por sindicatos y organizaciones profesionales y sociales, que fueron contestadas a su vez por una violenta represión del Gobierno de Moreno, que quedó muy debilitado por la crisis. La protesta generó “una fractura que va a ser muy difícil de recuperar”, dijo ayer por ejemplo Pablo Romero, experto indigenista de la universidad Salesiana, quien afirmó que alimentó “el racismo” en un país donde los aborígenes representan un 25% de los 17,3 millones de habitantes.
Por el momento, ríos de gente se volcaron en la madrugada del lunes a festejar la resolución de la crisis pese al “toque de queda” impuesto por el Presidente, que seguía vigente. Ayer, tanto los indígenas como los ciudadanos capitalinos colaboraban en un multitudinario operativo de limpieza de Quito, que durante las primeras horas del lunes se dispuso para volver a poner de pie a la capital, tras doce días de un conflicto que la había dejado como un escenario de guerra.
