LA PAZ.- Quince días después del inicio de protestas y paros contra la reelección del presidente Evo Morales, Bolivia se encamina hacia una polarización violenta de su sociedad con el diálogo cerrado entre ambos bandos. Con la oposición encolumnada detrás del radicalizado líder del Comité Cívico de Santa Cruz, el empresario Luis Fernando Camacho, que ayer volvió a intentar llegar a la capital del país para “entregarle una carta de renuncia” al jefe de Estado; la violencia sigue escalando en diferentes regiones del país.
Un claro ejemplo ocurrió ayer en Cochabamba, donde cientos de manifestantes opositores del autodenominado Grupo de Resistencia, decidieron tomar la alcaldía de Vintoy le prendieron fuego. No sólo eso, también secuestraron a la alcaldesa Patricia Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), a quien le cortaron el cabello y la torturaron públicamente, trasladándola 5 kilómetros hasta el río Huaculi, donde la pintaron y la vejaron, exigiéndole que firme su renuncia. La turba enardecida estuvo a punto de lincharla sino fuera porque los vecinos estaban filmando las escenas de extrema violencia y la alcaldesa fue finalmente rescatada por la policía.
En ese contexto, Camacho iba a intentar en la tarde de ayer volver a La Paz para exigir la renuncia de Morales, esta vez ayudado por el candidato presidencial Carlos Mesa, segundo en los comicios de octubre, y un operativo de bloqueos en diferentes calles de la zona sur (donde vive la clase alta) y en arterias céntricas vecinas a la Casa de Gobierno. Si bien Morales enfatizó ayer que la movida constituye un “golpe de Estado”, su Gobierno aseguró que garantizará la seguridad de Camacho para que llegue a entregar su carta al jefe de Estado.