El Congreso chileno llegó a un histórico acuerdo en la madrugada de este viernes para convocar en abril de 2020 a un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras casi un mes de violento estallido social.
«Es una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad», afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los dirigentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una conferencia de prensa en una de las sedes del Congreso en Santiago pasada la medianoche.
Después de horas de intensas negociaciones, los principales partidos de la oposición y la coalición del gobierno del derechista Sebastián Piñera firmaron un «Acuerdo por la paz y la nueva Constitución», en el que se comprometieron a aprobar un llamado a plebiscito.
Bajo el acuerdo, necesario para modificar la actual carta magna, que no permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva Constitución: una «comisión mixta constitucional» o una «convención constitucional» o Asamblea constituyente, explicó Quintana.
La convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la «convención constitucional», promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para esta ocasión.
Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y se hará con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución será con sufragio universal y voto obligatorio.
«Nosotros estamos contentos de haber podido contribuir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia», afirmó Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.
«La gente fue capaz de mover las barreras de la política, de mover las barreras de lo posible. Sí podemos soñar con una Asamblea constituyente», Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (izquierda radical).
De evadir el metro a un cambio de la Constitución
El acuerdo se alcanzó tras casi un mes de protestas para reclamar profundas reformas sociales al gobierno, que estuvieron acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.
En momentos en que el país ardía, Piñera apostó por un «acuerdo por la paz» en vez de volver a sacar a los militares a las calles, como hizo en los primeros nueve días de la crisis social, iniciada por un llamado a evadir el pago del pasaje del metro de Santiago en rechazo a un alza en las tarifas y que luego generó la mayor revuelta en tres décadas.
«Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico», dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.
«Lo que partió con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con participación ciudadana. Gracias secundarios que tan mal te han tratado», escribió en Twitter, la periodista Lucía López.
