SANTIAGO DE CHILE.- Con una crisis política y social que no afloja, la situación del presidente Sebastián Piñera se complicó un tanto más ayer en Chile, cuando la oposición presentó una acusación constitucional en su contra por las violaciones a los derechos humanos acontecidas durante la represión de las protestas sociales.
La acusación fue presentada en el Congreso chileno por un grupo de once diputados del Partido Comunista (PC), el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD) y de otros conglomerados del Frente Amplio, que participaron en la confección del documento además de organizaciones sociales, estudiantiles y gremiales. El texto contiene dos denuncias fundamentales contra Piñera: una que lo responsabiliza de haber infringido la Constitución y las leyes al permitir las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la represión de las manifestaciones sociales; y otra lo acusa de comprometer gravemente el honor del país y afectar el prestigio democrático y de protección a los derechos humanos en Chile.
“Presentamos esta acusación constitucional contra el presidente Piñera dadas las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado en el último mes”, argumentó la diputada del PC, Carmen Hertz. Si bien las previsiones indican que resulta complicado que la iniciativa prospere en un Congreso donde el oficialismo conserva gran poder, abre sin embargo un proceso de investigación que puede minar la ya de por sí escaza legitimidad de Piñera, ya que una comisión revisora deberá preparar un informe a partir de los testimonios de expertos, testigos de la sociedad civil y la propia defensa del jefe de Estado.
Para colmo, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, confirmó las denuncias: “Sí, hay violaciones a los derechos humanos. Hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido”, expresó. “Nuestra misión (enviada a Chile) está registrando y documentando un conjunto de informaciones y denuncias y testimonios, y ahora nuestra tarea será sistematizar toda esa información, analizarla, contrastar con los estándares latinoamericanos de derechos humanos a los cuales Chile tiene la obligación de cumplimiento”, amplió Abrão.
Ante este escenario, el director de la Policía, el general Mario Rozas, anunció que los oficiales no utilizarán más las escopetas antidisturbios que ya dejaron más de 200 manifestantes ciegos o sin visión de al menos un ojo y causaron miles de heridos.
