Aunque el continente africano es el más afectado a nivel mundial, el virus también estraga a países de América Latina y el Caribe, donde los principales focos son Haití, parte de América Central -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua-, y Venezuela, nación donde se vivió la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo durante el año pasado.
El coronavirus también afecta a los países de Oriente Medio y de Asia, que sufren altos niveles de inseguridad alimentaria, según detectó un análisis de alerta temprana de los principales focos de seguridad alimentaria de ambos organismos.
Esta alarmante situación ya fue anticipada hace tres meses frente al Consejo de Seguridad cuando se anunció que corríamos el riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas», señalaron las organizaciones en el informe.
«Nuestros últimos datos nos dicen que, desde entonces, millones de las familias más pobres del mundo están más cerca del abismo. Los medios de subsistencia se están destruyendo a un ritmo sin precedentes y ahora sus vidas corren un peligro inminente de inanición. No se equivoquen: si no actuamos ahora para poner fin a esta pandemia de sufrimiento humano, muchas personas morirán», afirmaron. Ante esta grave situación, el Programa Mundial de Alimentos amplió sus tareas de ayuda alimentaria a 138 millones de personas.
El costo de la respuesta de la organización humanitaria a la creciente inseguridad alimentaria se estima en 4.900 millones de dólares, con otros 500 millones destinados a prevenir el estallido de la hambruna en los países con mayor riesgo.
Esta suma representa más de la mitad de la actualización del Plan de respuesta humanitario mundial a la pandemia lanzado ayer por un valor de más de 10.000 millones de dólares y que representa el mayor llamamiento de la historia de las Naciones Unidas.
Si no se ofrece urgentemente asistencia, el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en estos países podría aumentar de los estimados 149 millones antes del flagelo a 270 millones antes de finales de año.
Las últimas previsiones también sugieren que durante los próximos seis meses podrían morir cada día hasta 6.000 niños por causas evitables como resultado de las alteraciones relacionadas con la pandemia en los servicios esenciales de salud y nutrición.
Tras décadas de una disminución significativa del hambre en América Latina, en los últimos años aumentó con 18,6 millones de personas en niveles de crisis de inseguridad alimentaria, o peores, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF).
En la región, el hambre proviene predominantemente de la pobreza y no de la falta de alimentos. Ahora, bajo el impacto de la Covid-19, la tasa de pobreza podría aumentar del 30,3 al 37,2%, con la pobreza extrema subiendo del 11 al 15,5,5%, según el informe de Políticas sobre el Impacto del Coronavirus en América Latina y el Caribe.
Los tres principales focos regionales son Haití, parte de América Central – Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua- y Venezuela.
Entre julio y septiembre de 2019, en Venezuela 9,3 millones de personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria y necesitados de asistencia, una situación que convirtió al país sudamericano en la cuarta mayor crisis alimentaria del mundo durante el año pasado.
El informe considera que el impacto del virus y sus medidas de confinamiento, junto a la drástica caída de los precios del petróleo, se sumen a la inseguridad alimentaria preexistente, ya que el poder adquisitivo de los venezolanos sigue deteriorándose y los alimentos importados son cada vez más caros.
En Colombia, Ecuador y Perú unos 500.000 migrantes venezolanos ya padecen una grave inseguridad alimentaria, están excluidos en su mayoría de los sistemas nacionales de protección social y de salud y sus medios de vida dependen desproporcionadamente del sector no estructurado.
El informe contiene varias recomendaciones para aliviar la grave situación, como mantener y ampliar la asistencia humanitaria fundamental relativa a los alimentos, la nutrición y los medios de vida, adaptar las actividades de asistencia al marco de operaciones de la pandemia y promover una financiación flexible.
También, reducir al mínimo las interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos esenciales y garantizar el funcionamiento y la capacidad de recuperación de los sistemas agroalimentarios, apoyar a los gobiernos a fortalecer y ampliar los sistemas de protección social y reforzar la prestación de servicios básicos. Y por último, adecuar las actuaciones para asegurar la inclusión y minimizar las tensiones sociales.
