Estados Unidos ejecutó este miércoles a una mujer que había asesinado a una embarazada para robarle el feto, la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años y uno de los últimos actos de la presidencia de Donald Trump.
«Lisa Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre Haute, del estado de Indiana, a las 1:31» , anunció en un comunicado el Departamento de Justicia.
Montgomery, que en 2004 mató a una embarazada para quedarse con su feto, recibió una inyección letal «de acuerdo con la pena capital recomendada por unanimidad por un jurado federal e impuesta por la Corte del Distrito de Estados Unidos» de Missouri, prosiguió el texto, citado por la agencia de noticias AFP.
La Corte Suprema había rechazado poco antes los últimos recursos presentados por los abogados de la mujer, a pesar del desacuerdo de sus tres magistrados progresistas.
Según los defensores, su clienta padece trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña, y no comprende el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.
Un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el Departamento de Justicia apeló y un tribunal de apelación anuló el fallo ayer.
En 2004, Montgomery, incapaz de tener un nuevo hijo, identificó a su víctima -una criadora de perros- en Internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un terrier.
En su lugar, la estranguló, le abrió el útero, tomó el bebé -que sobrevivió- y abandonó a la joven de 23 años en un charco de sangre.
Trump, un firme partidario de la pena de muerte, ignoró una petición de clemencia presentada por los apoyos de Montgomery.
Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, se aplicó la pena capital a diez hombres.
Además de Montgomery, la administración Trump prevé ejecutar a dos afroestadounidenses esta semana: Corey Johnson mañana y Dustin Higgs, el viernes.
En estos casos también existe incertidumbre tras la decisión de un tribunal federal de bloquear sus ejecuciones.
Los dos condenados a muerte contrajeron hace poco coronavirus, y la inyección letal podría causarles un sufrimiento ilegal, consideraron los jueces.
Ex guardias de la penitenciaría de Terre Haute, por su parte, escribieron al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones «hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el Covid-19».
Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus, y por esta razón, los estados suspendieron las ejecuciones durante meses.
El gobierno de Trump hizo todo lo contrario y se mostró partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.
«En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que estuvieron en el corredor de la muerte durante años o incluso décadas.
Es una locura», denunció en la radio NPR esta semana el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.
Después de que los demócratas retomaran el control del Senado, es posible que ese texto se adopte tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que se opone a la pena capital y asume el 20 de enero.
