El Gobierno de coalición de centroderecha de los Países Bajos ha dimitido hoy por el escándalo sobre los subsidios familiares para el cuidado de los niños fuera del hogar. Lo sucedido fue que unos 26.000 padres han sido víctimas de la dureza extrema de un sistema de vigilancia de ayudas que, en busca de posibles fraudes, incurrió en discriminación al investigarles, sobre todo en función de su origen, ya que la mayoría eran padres de ascendencia turca o marroquí.
Luego de una investigación parlamentaria, publicada en diciembre, se reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas erróneamente de fraude entre 2013 et 2019, y les obligaron a devolverlas de forma retroactiva, que en algunos casos se trataba de decenas de miles de euros.
Continuando con la investigación, se demostró que las sospechas de estafa a gran escala de estas familias se han demostrado infundadas. Las disculpas ofrecidas por el Ejecutivo y los rigores de la pandemia no han impedido su caída, sobre todo ante la evidencia de que los progenitores se endeudaron y llegaron a perder, en ocasiones, la casa y el empleo. Sumado a esto, tuvieron que soportar el estigma social de ser señalados por un delito que no habían cometido.
Al respecto, se expresó el Primer Ministro neerlandés Mark Rutte, quien sostuvo en rueda de prensa: «El Estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso Gobierno y aquí esto fracasó de forma estrepitosa». Acto seguido, reveló que había presentado la dimisión de su gabinete al rey Guillermo Alejandro, dos meses antes de las elecciones legislativas y en medio de la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus. «Estamos todos de acuerdo: cuando todo el sistema fracasa, sólo se puede asumir una responsabilidad conjunta», agregó.
El político de 53 años, quien ha estado al frente de tres Gabinetes desde 2010, ha reconocido que erraron todos: los Ministerios de Asuntos Sociales, Hacienda y Economía, jueces y funcionarios. «Todo ha sido horrible. Se ha tachado de delincuentes a personas inocentes, sus vidas han sido destruidas y el Congreso fue informado de forma incompleta y errónea. El método para otorgar el subsidio debe reorganizarse por completo», ha dicho Rutte, durante su comparecencia ante la prensa.
Altos responsables políticos, varios ministros entre ellos, están acusados de preferir cerrar los ojos ante estos errores, de las que eran conscientes. Asimismo, según trascendidos, los funcionarios de impuestos habían procedido a una «distinción étnica» de unas 11.000 personas en base a su doble nacionalidad, incluyendo a algunas de las que están afectadas por el caso de las prestaciones familiares.
En diciembre, el Gobierno anunció que en los próximas cuatro meses pagaría indemnizaciones por al menos € 30.000, aproximadamente US$ 35.000, a cada progenitor implicado, pero esta medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo. Por esto, los cuatro partidos de la coalición en el poder han acabado por asumir su responsabilidad y apoyar a los padres atacados sin motivo.
