Los periodistas David Pegg y Rob Evans accedieron a Archivos Nacionales y descubrieron que un abogado de la monarca presionó a los ministros para que cambiaran un proyecto de ley, que entró en vigencia en 1976, para evitar que se hicieran públicas sus acciones en distintas empresas.
La maniobra fue posible gracias a un procedimiento llamado consentimiento de la reina” que establece que los ministros deben avisar si la legislación afecta o no los intereses privados de la corona y solicitar su consentimiento.
Según la investigación, desde que inició su reinado Isabel II utilizó este mecanismo para revisar 1.062 leyes, y hay evidencia de que en varios casos presionó” al gobierno para modificarlas. La gran cantidad de leyes sujetas a investigación real (…) incluían proyectos que afectaban la propiedad personal de la reina, como sus propiedades privadas en Balmoral y Sandringham, y potencialmente cualquier cosa que se considerara que la afectaba personalmente”, señala el artículo de The Guardian, que fue negado por supuesto por el palacio de Buckingham.
