La nueva Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó antenoche, en su primer iniciativa, la destitución de los jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de sus suplentes, y del fiscal general de la nación, Raúl Melara.
La Asamblea, aliada del presidente Nayib Bukele, levantó con esta primer iniciativa veloces críticas de organizaciones locales e internacionales y del gobierno de Estados Unidos.
En la primera sesión plenaria, la diputada y vicepresidenta de la Asamblea, Suecy Callejas, puso a votación una solicitud de dispensa de trámite para discutir la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que finalmente fue aprobada con 64 votos, todos oficialistas, una mayoría obtenida en las elecciones del pasado 28 de febrero.
Apenas aprobadas las destituciones, los magistrados Luis Javier Suárez, Héctor Naúm García, José Ángel Pérez, Elsy Dueñas Lobos y Óscar Alberto López Jerez fueron propuestos para sustituir a los depuestos José Óscar Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Avilés, Carlos Sánchez y Marina Marenco de Torrento.
Los argumentos esgrimidos por la nueva Asamblea de mayoría oficialista fueron las decisiones que tomó la sala en relación a cuestiones de la pandemia, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de varios decretos ejecutivos, violando presuntamente la Constitución.
No obstante, tras la decisión de la Asamblea, el Tribunal Constitucional emitió una resolución que declara como inconstitucional la deposición de los jueces, lo que abre un conflicto de poderes.
«Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de esta Sala de lo Constitucional es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa y el sistema político pluralista», describe la sentencia, que detalla que hay una «marcada intención» de suprimir los controles hacia el Ejecutivo y el Legislativo.
Sin embargo, a pesar de esta sentencia de ilegitimidad de la decisión, la nueva Asamblea juramentó los cargos de los nuevos jueces.
Según informa la prensa local, además, un grupo de agentes de la Policía Nacional se apostaron fuera de las oficinas del Tribunal Supremo y posteriormente tomaron las instalaciones, junto con los nuevos jueces, que han sido escoltados hasta el interior.
Según La Prensa Gráfica, dentro también hay personal de la Presidencia, junto con el director de la Policía Nacional.
Tras cartón, la Asamblea Legislativa pidió la destitución del fiscal general del país, Raúl Melara, una decisión que «corresponde a sus evidentes actuaciones y decisiones con claras motivaciones políticas, lo que pone en tela de juicio su objetividad, independencia e imparcialidad», argumentaron.
«El actual fiscal general de la República ha incumplido con su obligación constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad, por complacer a grupúsculos de poder político y económico, cuyo objetivo es defender intereses oscuros en contra del pueblo salvadoreño», precisó el órgano legislativo a través de su cuenta de Twitter.
La propuesta, presentada también por la bancada oficialista, se hizo a través de una dispensa de trámite, es decir, que no se discutirá en comisión de la cámara, informa El Mundo.
Melara ha sido uno de los más críticos con Bukele, y desde que este accediera a la Presidencia han protagonizado encontronazos, especialmente en Twitter.
Finalmente, y al igual que con la iniciativa anterior, los 64 diputados aliados de Bukele dieron luz verde a la destitución de Melara.
Apenas conocidas estas decisiones, el director de Human Rights Watch, Juan Miguel Vivanco, afirmó que «Bukele rompe con el Estado de derecho y busca concentrar todo el poder en sus manos».
Desde la oposición política calificaron de «golpe de Estado» a la decisión de la Asamblea Legislativa.
El secretario general del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), Óscar Ortiz, afirmó en su cuenta de Twitter que el presidente salvadoreño «consuma un claro golpe a la democracia y da un paso más en dirección a la dictadura y autoritarismo».
También el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, condenó «los pasos que viene dando el poder político para desmantelar y debilitar la independencia judicial de los magistrados destituyendo a integrantes de la Sala Constitucional».
Por su parte, Bukele celebró la decisión en cuenta de Twitter. «Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡destituidos!», tuiteó, tras asegurar que los «saqueos y crímenes le han hecho (daño) a nuestro país y a nuestra gente», mientras «ellos celebran, el pueblo celebra con nosotros».
Desde el gobierno estadounidense, la subsecretaria interina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, advirtió que «la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el Gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas».
Poco después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reveló que le expresó este domingo a Bukele su preocupación por los recientes movimientos para socavar la separación de poderes en esta nación centroamericana.
«Hablé hoy (domingo) con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para expresarle nuestras serias preocupaciones concernientes a los movimientos de ayer (sábado) para socavar a la Corte Suprema y al Fiscal General (Raúl) Melara», informó Blinken en Twitter.
