El Comité Nacional de Paro en Colombia (CNP), que reúne a las organizaciones sociales y centrales obreras convocantes a las protestas que estallaron el 28 de abril contra el presidente Iván Duque, anunció ayer la suspensión de las movilizaciones hasta el 20 de julio, sin que signifique claudicar con sus protestas ni reclamos.
Más bien al contrario, el anuncio suena como un intento de encauzar el conflicto por la vía institucional sin depender del gobierno, cuyos acercamientos para entablar un diálogo fracasaron rotundamente. “Hemos decidido hacer una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles.
Esto no significa que la movilización social se pare en Colombia, continúa porque las causas que la han generado se mantienen vigentes”, anunció Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), quien aclaró que no descartan seguir en las calles durante los próximos meses. Además, resta ver qué actitud tomará la llamada “primera línea” de jóvenes que participa de las marchas y que no está integrada a la plataforma del CNP.
Lejos de una reconciliación con el Gobierno de Duque, Maltés explicó que el CNP apostará a una nueva vía institucional para concretar sus reclamos: el próximo 20 de julio radicarán proyectos de ley con las peticiones del pliego de emergencia de 2020, para lo cual convocarán a movilizaciones hasta el Congreso de la República. Ese día también se organizará un concierto nacional denominado “Duque no negocia”, en coincidencia con el primer aniversario de la presentación de las peticiones del CNP.
Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), agregó que como “no hay garantías para la protesta”, esperan que el cese temporal “permita salvar vidas”. También dijo que otros sectores que no se sienten representados por las centrales obreras ya se han sentado a negociar con el Gobierno de manera independiente o han optado por retirarse de los puntos de concentración.
El pliego nacional de reclamos surgió en medio de las protestas e incluye varias medidas de carácter económico y social, como una renta básica para 30.000.000 de personas, matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y la defensa de la producción nacional. Maltés aclaró que los proyectos de ley serán diseñados por académicos y serán discutidos con los diferentes actores sociales que se han movilizado en las últimas semanas.
Duque insiste con la reforma tributaria
Mientras los manifestantes se abren a una inédita tregua en el conflicto, el Gobierno de Iván Duque hizo ayer dos anuncios: por un lado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez prometió que los responsables de los 21 homicidios reconocidos por el Gobierno durante las manifestaciones responderán ante la Justicia; por otro, el propio mandatario adelantó que el 20 de julio comenzará el debate de una nueva reforma tributaria –disparador de las movilizaciones- que “no afectará ni a la clase media ni a los sectores más vulnerables”.
Sin embargo, Duque negoció el proyecto con más de 40 entidades empresarias, pero no con el Comité Nacional del Paro. A su vez, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, celebró la interrupción de las protestas porque “después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos (por Covid-19), los colombianos deben parar del todo esta situación”.
