El escándalo Pegasus por el espionaje a líderes mundiales, periodistas y activistas sumó un nuevo capítulo de reacciones desde Francia, donde el Gobierno ordenó una investigación al hackeo del teléfono del Presidente; México, donde se supo que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto pagó unos 32 millones de dólares por el software, e Israel, donde Reporteros Sin Fronteras (RSF) le pidió a las autoridades que dejen de vender ese software para espiar.
El sofisticado sistema explota las vulnerabilidades de los teléfonos móviles inteligentes y exporta los datos del usuario -correos electrónicos, mensajes, fotografías, conversaciones- hacia páginas de internet creadas por la empresa israelí NSO, que se renuevan constantemente para evitar ser detectadas.
La investigación periodística publicada por 17 medios de todo el mundo detectó 50.000 números seleccionados por clientes de NSO desde 2016. La nómina incluye los números de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de DDHH y 65 empresarios, según Le Monde, The Guardian, The Washington Post, entre otros, que localizaron buena parte de los posibles espiados.
Los números telefónicos del presidente francés, Emmanuel Macron, y de miembros de su Gobierno, y del rey de Marruecos, Mohamed VI, y su entorno, figuran en una lista de posibles objetivos del software utilizado por algunos Estados para espiar a periodistas. El diario Le Monde reveló que estos números, entre ellos los del ex primer ministro Edouard Philippe, figuraban «en la lista de los números seleccionados por un servicio de seguridad del Estado marroquí, usuario del software espía Pegasus, para un eventual pirateo».
Tras el escándalo desatado, la Fiscalía francesa anunció la apertura de una investigación contra Marruecos que abarca una lista de diez delitos, entre ellos violación a la privacidad, intercepción de correspondencia, acceso fraudulento a un sistema informático y asociación ilícita.
El Gobierno de Marruecos rechazó las acusaciones que denunció como una campaña mediática en su contra, al tiempo que reclamó que se presenten «pruebas tangibles» sobre su participación en estas actividades.
Por su parte, Macron ordenó la apertura de una investigación sobre el supuesto espionaje del que fue víctima junto a otros periodistas, miembros de su Gobierno y otros políticos a través del software de fabricación israelí. En paralelo, la Fiscalía sumó otra investigación después de que varios medios de comunicación revelaran que periodistas de Mediapart se encuentran entre los más de 180 periodistas espiados en todo el mundo a través de este software.
Pero Francia no es el único país que ya está motorizando investigaciones. De la lista de 50.000 números de teléfonos celulares obtenidos por la investigación, unos 15.000 pertenecerían a mexicanos, entre ellos el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, familia, y unas 50 personas de su entorno, incluido su cardiólogo. La investigación periodística determinó que fueron parte de los espiados y que sus teléfonos fueron intervenidos entre 2016 y 2017 con Pegasus.
La Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto compró el software Pegasus por un valor total de 32 millones de dólares. Desde la Fiscalía General de la República mexicana ya anunciaron que tiene debidamente probado un primer caso judicializable” de la utilización del equipo Pegasus. López Obrador ya adelantó que él no presentará una denuncia, aunque destacó: «Estábamos sometidos a un Gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los DDHH. La política es un imperativo ético, por eso desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y lo que hay de Inteligencia tiene que ver con el combate del crimen, es para proteger a los ciudadanos, no para estar espiando a opositores, periodistas o dirigentes políticos”.
En la lista de mexicanos espiados se destacan Claudia Sheinbau, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Rocío Nahle, secretaria de Energía; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, y Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente. Incluso aparece un funcionario del Gobierno de Peña Nieto, el entonces comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb.
Hasta ahora todos los ojos están puestos en quiénes habrían sido los que utilizaron el software de espionaje; sin embargo, Reporteros sin Fronteras (RSF) puso la mirada en la empresa dueña del programa y le pidió al Gobierno israelí que frene su exportación. «Hacemos un llamado al primer ministro (israelí) Naftali Bennett para que imponga inmediatamente una moratoria a la exportación de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco normativo de protección», dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire, en un comunicado, citado por la agencia de noticias AFP.
Sin embargo, Bennett, quien hizo su fortuna en el sector tecnológico antes de entrar en política, defendió en una conferencia sobre cibertecnología en Tel Aviv, este floreciente sector israelí.
La firma israelí NSO, creada en 2011, fue acusada de colaborar con Gobiernos, sobre todo desde que en 2016 Ahmed Mansoor, un opositor de Emiratos Árabes Unidos, denunció estas prácticas, pero la empresa rechazó las versiones, que atribuyó a «suposiciones erróneas y teorías no corroboradas».
