Las marchas, que tuvieron lugar en las principales ciudades del país, como París, Marsella, Lyon, Montpellier, Nantes y Rennes, fueron convocadas después de que el presidente Emmanuel Macro presentará la iniciativa que además exige la vacunación obligatoria de todos los trabajadores sanitarios.
Las autoridades estiman que más de 100.000 personas participaron en las manifestaciones a pesar del riesgo a contagiarse y en plena expansión de la variante Delta del coronavirus. En la capital, París, la policía reprimió con gases lacrimógenos en varios puntos de la ciudad y, según el diario conservador Le Figaro, varios agentes fueron atacados con proyectiles.
Los manifestantes, que aseguran que las protestas van dirigidas contra la obligatoriedad de tener que presentar un «certificado Covid» y no tanto contra la vacunación, criticaron que dicha norma supone un «desprecio» hacia las «libertades democráticas».
La Cámara baja de Francia (Asamblea Nacional) aprobó ayer el proyecto que impone este pase, que desde el miércoles ya rige para entrar a cines, teatros, museos y eventos de más de 50 personas, como también a determinados eventos deportivos y ferias.
La iniciativa, que obtuvo 117 votos a favor, 86 en contra y 28 abstenciones, es debatida ahora por el Senado y tiene como objetivo extender la presentación de este pase para trenes y micros de larga distancia, bares y restaurantes. El proyecto también obliga a vacunarse contra la Covid-19 al personal sanitario y a todos los profesionales que traten diariamente con personas vulnerables.
El documento, que los franceses pueden presentar mediante un código QR en un teléfono celular o impreso, informa si el poseedor completó la pauta de vacunación, si está inmunizado o si dio negativo en un test PCR reciente.
En su paso al Senado el texto sufrió modificaciones: se exime la presentación de este certificado para visitar a una persona en un hospital o en un geriátrico, como también para acceder a centros comerciales.
Los senadores también aligeraron las sanciones en el caso del personal de salud: no habrá despido si al cabo de dos meses el profesional mantiene su negativa a inmunizarse, como preveía el texto inicial.
En cambio, las sanciones serán más duras para los empresarios que no controlen el certificado de sus clientes e irán desde el cierre temporal del negocio, o en caso de reincidir con la falta 9.000 euros y hasta un año de prisión.
