Quince diputados de toda la oposición chilena formalizaron ayer el inicio de la acusación constitucional con fines de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, severamente cuestionado por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, por la que el mandatario también debe afrontar una causa en la justicia penal.
Los legisladores presentaron y firmaron el texto acusatorio en la Cámara de Diputados y mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre. De hecho, ya por la tarde se formó la comisión que analizará la acusación constitucional, que quedó integrada por tres diputados independientes, una opositora y otra oficialista.
El grupo deberá esperar hasta diez días a que el mandatario envíe su defensa -que podrá llegar escrita o personal a través de sus abogados-, y luego tendrá otros seis días para resolver y emitir un informe -no vinculante- a la cámara baja, recomendando rechazar o aprobar la acusación.
Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener además 78 votos a favor sobre 155, es decir, la mitad más uno del cuerpo, lo que anticipa un éxito seguro en esa instancia. Sin embargo, luego pasará al Senado, donde sólo podrá ser convalidada si reúne al menos dos tercios de los votos (29 de 43 legisladores), cifra que no se alcanzará sólo con los votos de la oposición.
Si bien el oficialismo aparece fragmentado e inmerso en una dura campaña con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, sus principales figuras cerraron filas en defensa del mandatario, aunque todo está abierto ante un presidente que acumula crisis y desatinos, como la represión de las protestas sociales en 2019 y la flamante crisis con los mapuches en el sur del país.
Por lo pronto, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, salió a anticipar la línea de defensa que utilizará Piñera al afirmar que la acusación constitucional es un golpe de Estado blanco que daña la institucionalidad”, adjudicándole una intencionalidad electoral a los legisladores opositores que la impulsan. Lo mencionado en los Pandora Papers ya fue investigado, acá no hay nada nuevo, los parlamentarios que presentan esta acusación sin fundamento están pensando en las elecciones con tal de ganar un par de votitos”, argumentó Bellolio. Sin embargo, ya el viernes pasado la justicia civil aceptó la apertura de un proceso de investigación penal contra Piñera por sus negocios en los paraísos fiscales.
Por lo pronto, el texto acusatorio propone iniciar un juicio político contra el mandatario por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor a la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”.
El escándalo desatado por los Pandora Papers” reveló que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos de los últimos tiempos en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. La venta se realizó a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del propio mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado como reserva natural”, una decisión reclamada por los grupos ambientalistas, que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ocurrió.
Lasso intenta defenderse del escándalo
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, salió a defenderse nuevamente ayer del escándalo suscitado por sus negocios revelados en los Pandora Papers, al asegurar que pagó en los últimos años” un total de 588.000.000 de dólares en impuestos, aunque sin especificar el periodo.
Creo firmemente en lo que predico: los que más tienen, más aportan; he contribuido al Ecuador con 588.000.000 de dólares en impuestos en los últimos años, y lo seguiré haciendo; insinuar lo contrario no es correcto”, escribió Lasso en su cuenta de la red social Twitter.
Según los Pandora Papers, Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales. El mismo mandatario admitió esas propiedades pero aseguró que las vendió antes de lanzarse a la carrera por la Presidencia, que ganó este año y ejerce desde el 24 de mayo.
La documentación filtrada muestra que Lasso transfirió activos a dos fideicomisos en Dakota del Sur en diciembre de 2017, tres meses después de que el Parlamento de Ecuador aprobara una ley que prohíbe a los funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales.
