Honduras atraviesa uno de los procesos electorales más tensos de su historia reciente tras la combinación de denuncias formales de injerencia del crimen organizado, acusaciones de fraude informático y un escrutinio extremadamente cerrado entre los principales candidatos.
La comisionada del Sistema Nacional de Emergencias 911, Miroslava Cerpas, presentó ante el Ministerio Público un expediente con documentación, grabaciones certificadas y reportes de inteligencia que, según afirmó, muestran indicios de una operación criminal destinada a interferir en las elecciones generales del 30 de noviembre.
Cerpas describió el episodio como “uno de los más graves de intimidación política” en el país, detallando que antes y durante la votación se registraron 892 reportes sobre presiones, amenazas y retención de documentos de identidad atribuibles a maras, pandillas y estructuras del narcotráfico, con el fin de coaccionar a votantes en barrios y centros electorales.
La funcionaria señaló que, de confirmarse estos hechos, sería la primera vez que organizaciones criminales intervienen abiertamente en centros de votación. Además, indicó que la información entregada podría ser relevante para determinar si existen bases legales para una eventual nulidad del proceso electoral, al que estaban convocados más de seis millones de hondureños.
Mientras avanzan las investigaciones, el escrutinio presidencial llega a su tramo final con una diferencia ínfima entre el conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional (PN), y el candidato del Partido Liberal (PL), Salvador Nasralla. Con el 98,76% de las actas procesadas, Asfura acumula el 40,53% de los votos frente al 39,16% de Nasralla, una distancia de apenas 43.766 papeletas. La oficialista de Libre, Rixi Moncada, queda lejos, con alrededor del 19%.
Nasralla denunció un “robo electoral” y apuntó al sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE), que sufrió varias caídas el día de la votación, incluida una —según él, determinante— cuando comenzaban a ingresarse actas de Cortés y Atlántida, departamentos donde asegura tener ventaja. Acusó a la empresa proveedora de “ajustar” el sistema para redirigir votos del PL hacia el PN y exigió un “conteo voto por voto”, especialmente en zonas donde no se habría utilizado biometría.
Aún quedan por revisarse 2.749 actas con inconsistencias —el 14,5% del total válido— y un escrutinio especial que involucra 505.000 votos aún en disputa. El CNE tiene como plazo máximo el 30 de diciembre para proclamar un resultado definitivo.
Pese a las denuncias, el gobierno de Estados Unidos declaró que “no hay evidencia creíble” de fraude y que las elecciones fueron monitoreadas de cerca por observadores de la OEA, la Unión Europea y organizaciones nacionales. La administración estadounidense calificó los comicios como íntegros y reiteró su respaldo a Asfura, a quien Donald Trump ha apoyado abiertamente.
El partido oficialista Libre, que quedó tercero, pidió por su parte la nulidad de las elecciones, aumentando la presión sobre un proceso ya frágil. En caso de confirmarse la ventaja mínima de Asfura, este deberá gobernar con un Congreso adverso, dominado por fuerzas liberales e izquierdistas, lo que anticipa un escenario institucional complejo.
En medio del escrutinio, la política hondureña recibió otro golpe: el presidente Trump indultó al ex mandatario Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años por narcotráfico. Hernández, figura relevante del Partido Nacional, quedó en libertad el 1 de diciembre, lo que generó fuertes críticas de Nasralla, quien cuestionó si el país desea que “la droga continúe gobernando”.
Sin embargo, el indulto no detuvo los procesos abiertos en Honduras: el fiscal general Johel Zelaya solicitó a Interpol ejecutar una orden de captura internacional contra Hernández por presuntos delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Su esposa, Ana García, aseguró que el ex presidente no planea volver al país por temor a represalias.
