El Gobierno de Bolivia anunció este martes la derogación de cuatro gravámenes, entre ellos el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF) y el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), en un giro fiscal destinado a atraer inversiones y reordenar las cuentas públicas.

El anuncio, realizado desde la Casa de Gobierno en La Paz por el presidente Rodrigo Paz Pereira y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, forma parte de un paquete de ajustes que prevé reducir el gasto estatal en 30% para 2026.

El recorte será incorporado en el Presupuesto General del Estado que el Ejecutivo enviará al Legislativo en febrero de 2026.

Paz Pereira señaló que el IGF, creado durante el Gobierno del ex presidente Luis Arce, provocó la salida de capitales y debilitó la llegada de nuevas inversiones, por lo que la eliminación de los cuatro impuestos “es para atraer inversión”. Según el mandatario, el IGF “ahuyentó” millones de dólares que antes se invertían en Bolivia.

Por su parte, el ministro Espinoza explicó que estos cuatro tributos representan menos del 1% de la recaudación fiscal, pero generan “contradicciones y problemas” en el clima de negocios. Afirmó que el IGF significó “un desincentivo muy fuerte a las inversiones extranjeras”.

De forma paralela, el Gobierno boliviano también formalizó la eliminación del Ministerio de Justicia, cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de la Presidencia, anunció el ministro José Luis Lupo.

La medida supone un drástico recorte administrativo, pues los cinco viceministerios de la extinta cartera serán reducidos a solo dos. Según el decreto, esos viceministerios serán absorbidos dentro de la estructura dirigida por Lupo.

El ministro explicó que esta reorganización forma parte de una estrategia para luchar contra la corrupción, reforzar la transparencia, la seguridad jurídica y los derechos humanos. También confirmó el traslado del Viceministerio de Defensa del Consumidor al Ministerio de Desarrollo Productivo.

La nueva estructura incluirá el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, ambos bajo el Ministerio de la Presidencia.

La reordenación implica también reubicar una unidad desconcentrada y cuatro entidades descentralizadas. Lupo aseguró que el objetivo es “achicar un Estado sobredimensionado” y redirigir recursos a áreas prioritarias.

La decisión se enmarca en un proceso más amplio de recorte general del Ejecutivo impulsado por Paz Pereira, que incluye la reducción del número de ministerios, viceministerios y una revisión integral del gasto público.

Finalmente, la estatal Agencia Boliviana de Información (ABI) suspenderá temporalmente sus operaciones y el periódico oficial “Ahora El Pueblo” dejará de imprimirse para convertirse en un medio exclusivamente digital, informó la vocera presidencial, Carla Faval.

Los cambios forman parte de una reorganización del sistema de medios estatales, aunque aún no se ha definido el futuro del canal público Bolivia TV.

Faval explicó que la digitalización de “Ahora El Pueblo” busca eliminar gastos innecesarios. También confirmó que la ABI paralizará sus actividades mientras se evalúa su reestructuración interna, sin descartar modificaciones profundas.

La vocera aseguró que el Gobierno presentará en los próximos días los lineamientos de la nueva estructura comunicacional y reafirmó el compromiso oficial con una “comunicación sobria, transparente y libre de lineamientos políticos”.