La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, recordó hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas los 50 años del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende e «instaló un régimen dictatorial, oscuro periodo durante el cual se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos» que dejaron «profundas cicatrices» en la historia del país trasandino.
La canciller comenzó su intervención recordando que Chile tiene un asiento en el consejo por cuarta vez en la historia y remarcó su importancia, a raíz de que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado (1973-1990) de Augusto Pinochet.
«Chile asume la responsabilidad que implica ser parte de este organismo en un contexto sumamente relevante para nuestro país. Este 2023 conmemoramos los 50 años del golpe militar que derrocó al presidente Salvador Allende e instaló un régimen dictatorial, oscuro periodo de nuestro pasado durante el cual se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, dejando profundas cicatrices en nuestra historia», expresó Urrejola.
Señaló que durante la época de dictadura la «cooperación y el acompañamiento internacional» fueron fundamentales para asistir a connacionales en situaciones de necesidad, y de esta forma «presionar por el restablecimiento de la democracia».
«Más de tres décadas después, el gobierno del presidente Gabriel Boric erige la protección de derechos humanos como un eje central de su programa de Gobierno. Lo hacemos porque sabemos que la conquista por los derechos humanos y la democracia es permanente y requiere de constante supervisión y autocrítica. No podemos bajar la guardia», remarcó.
La canciller aprovechó para recordar ante la ONU que Boric impulsa un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos, como también medidas por el estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre de 2019, donde hubo delitos contra los derechos humanos.
En esa línea, señaló que son «desafíos actuales derivados de recientes situaciones de conflictividad social», donde se busca establecer una mesa de reparación integral para las víctimas de violaciones a derechos humanos durante el estallido social.
«Estamos conscientes que no existe un Estado cuyo récord en derechos humanos sea perfecto», afirmó la canciller, y agregó que «la diferencia está en reconocer las propias brechas y desafíos, destacar los avances y promover siempre y en todo lugar el respeto y protección de los derechos humanos».
