El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió este miércoles un comunicado en el que expresó su rechazo contundente a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó la posibilidad de adelantar operaciones contra el narcotráfico en territorio colombiano.
“Recibimos con gran preocupación las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las cuales sugiere acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, señaló la Cancillería en el documento difundido a la opinión pública.
El Gobierno colombiano advirtió que las amenazas del mandatario estadounidense vulneran los derechos del pueblo colombiano y recordó que Colombia, al igual que los países de América Latina y el Caribe, es un territorio de paz en el que no tiene cabida ninguna forma de intervención extranjera.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional. Como parte de la región latinoamericana y caribeña, rechazamos cualquier amenaza de agresión externa que comprometa la dignidad, la integridad territorial y la soberanía del pueblo colombiano”, añadió el Ministerio.
La Cancillería también destacó los esfuerzos integrales del Gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico, basada —según el comunicado— en un enfoque “integral, equilibrado, multidisciplinario y sustentado en evidencias, con respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”, conforme al principio de responsabilidad común y compartida.
Además, Colombia hizo un llamado a los países de la región para fijar una postura conjunta ante las advertencias de Washington.
“Convocamos con urgencia a la fraternidad latinoamericana y caribeña para que prevalezca la unidad frente a cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar nuestra soberanía”, afirmó la Cancillería.
En esa misma línea, Caracas advirtió el martes en La Haya que la estabilidad en el Caribe enfrenta un escenario “amenazado” por lo que describió como un despliegue militar estadounidense “sin precedentes” en aguas cercanas a Venezuela.
La delegación venezolana planteó esta posición durante la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI). El embajador Héctor Constant Rosales señaló que estas operaciones buscan “afectar la soberanía” venezolana y generan riesgos para “una región amante de la paz”.
Según expresó, Venezuela acudió al foro para “alertar y condenar estas acciones hegemónicas que hoy amenazan la paz regional” y denunció un clima de “intimidación” sobre el trabajo de la CPI, derivado de sanciones, amenazas y presiones políticas dirigidas a fiscales y jueces. A su juicio, estas prácticas buscan frenar investigaciones y condicionar las decisiones del tribunal.
Constant afirmó que Venezuela “sabe lo que significa” la imposición de medidas coercitivas usadas como mecanismos de “chantaje político”, por lo que insistió en que la CPI debe evaluar el “carácter punible” de este tipo de acciones. Reiteró también que Venezuela, “como Estado soberano”, tiene la facultad de conducir sus procesos penales sin injerencias externas y advirtió que la justicia internacional no puede convertirse en un instrumento de “dominación selectiva” ni actuar con “doble rasero”.
La comunicación colombiana se produjo poco después de que Trump advirtiera que cualquier país productor o distribuidor de cocaína, incluida Colombia, podría ser objetivo militar de Estados Unidos, una advertencia que también ha dirigido contra Venezuela.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro invitó a Trump a visitar Colombia para observar directamente las operaciones contra el narcotráfico.
“Venga, señor Trump, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos”, escribió en la red social X. Recordó que su Gobierno ha destruido 18.400 laboratorios de cocaína sin disparar un solo misil y advirtió: “No amenace nuestra soberanía, porque despertará al Jaguar”.
Finalmente, Petro afirmó que Estados Unidos estaría recurriendo al discurso antidrogas como justificación para una eventual intervención militar en Venezuela, con el fin —según dijo— de acceder a sus vastas reservas petroleras.
