La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó el jueves a 12 ex militares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años, tras declararlos máximos responsables de 135 asesinatos cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del país. Las víctimas fueron presentadas falsamente como guerrilleros abatidos en combate, en uno de los crímenes más graves del conflicto armado colombiano.
“Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron en los mismos, todos los comparecientes deben cumplir la sanción propia máxima de ocho años. A este monto se le aplicó un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria”, explicó la magistrada de la JEP, Ana Manuela Ochoa Arias, al leer la sentencia.
Se trata de la primera sanción emitida por este tribunal -creado tras el acuerdo de paz de 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc- contra ex militares que reconocieron su responsabilidad en los denominados “falsos positivos”.
Estos crímenes consistieron en ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron reclutados mediante engaños, asesinados y luego presentados como bajas en combate para inflar las cifras oficiales de éxito militar. A cambio, los soldados recibían recompensas como condecoraciones o permisos.
Las penas impuestas no contemplan prisión, sino sanciones restaurativas en beneficio de las víctimas. Todos los ex militares reconocieron su responsabilidad en los homicidios y desapariciones forzadas ocurridos en la región caribe del país.
Como parte de la condena, los implicados deberán participar en la construcción de memoriales y centros comunitarios en varias comunidades indígenas de la costa caribe. Su movilidad estará restringida a los lugares donde se desarrollen estas labores de reparación.
La sentencia puede ser apelada, y se tendrá en cuenta el tiempo que algunos de los condenados ya pasaron en prisión ordinaria para una eventual reducción de sus penas.
