Bolivia atraviesa una de las crisis políticas, sociales y económicas más graves de las últimas décadas. Mientras campesinos, mineros, transportistas y otros sectores mantienen bloqueos de rutas en gran parte del país para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que amplía las facultades del Ejecutivo para declarar medidas extraordinarias y habilita la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas.
La ley fue aprobada durante la madrugada del domingo con el respaldo de dos tercios de los diputados, luego de una sesión de casi 14 horas, y ya había recibido previamente la aprobación del Senado. La norma establece que el estado de excepción deberá ser declarado mediante decreto supremo fundamentado, tendrá una duración máxima de 90 días y cualquier extensión requerirá autorización de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa llega en medio de un conflicto que ya lleva más de cinco semanas, con manifestaciones y cortes de rutas que se extienden a ocho de las nueve regiones del país. Los bloqueos provocaron una severa escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal, especialmente en La Paz y El Alto, aunque también afectan a Cochabamba, Oruro, Potosí y otras regiones.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, la crisis dejó hasta el momento 10 personas fallecidas, 37 heridos y más de 100 procesados. Siete de las muertes corresponden a personas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos o a las dificultades para ser trasladadas a centros de salud.
En este contexto, el Gobierno evalúa declarar formalmente el estado de excepción, una medida que permitiría el uso ampliado de las Fuerzas Armadas y la restricción temporal de libertades de reunión y movilización. La administración de Paz sostiene que la prioridad es restablecer el abastecimiento y garantizar la circulación en las principales rutas del país.
El presidente aseguró este domingo que, aunque La Paz y El Alto continúan atravesando «momentos difíciles», comienzan a observarse «avances concretos» gracias al diálogo y al trabajo de las autoridades. Destacó el ingreso de más de un millón de litros de gasolina y 40.000 bombonas de gas, aunque reconoció que la normalización del suministro aún está lejos de completarse.
Los incidentes más graves de las últimas horas ocurrieron en el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, donde un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas para despejar una carretera terminó con seis policías heridos, cuatro de ellos por impactos de arma de fuego.
De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, David Gómez, uno de los efectivos recibió un disparo en la cabeza y permanece en terapia intensiva, mientras que otros tres uniformados fueron alcanzados por proyectiles en distintas partes del cuerpo. Los otros dos agentes sufrieron lesiones por piedras y objetos contundentes arrojados durante los enfrentamientos.
Según el reporte oficial, las fuerzas de seguridad intentaron inicialmente dialogar con los manifestantes, pero fueron recibidas con petardos, piedras y otros elementos. Tras utilizar agentes químicos lograron despejar temporalmente la ruta, aunque horas después los manifestantes reorganizaron los bloqueos y retomaron el control de la vía.
Durante los enfrentamientos fueron detenidas cinco personas, mientras que las autoridades iniciaron una investigación para identificar a individuos que aparecen en videos difundidos en redes sociales portando armas largas y efectuando disparos contra los efectivos policiales.
El gobierno responsabiliza de la crisis al ex presidente Evo Morales, quien permanece en la región cocalera del Chapare y enfrenta una orden de captura por un caso de presunta trata de una menor. Paz cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de varios gobiernos de la región, sin embargo, los sectores movilizados mantienen una posición inflexible y sostienen como principal demanda la salida del presidente.