Los agentes del FBI que allanaron la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago retiraron 11 conjuntos de documentos clasificados, incluidos algunos marcados como altamente secretos, dijo ayer el Departamento de Justicia, que reveló que tiene causas para creer que violó la Ley de Espionaje.
Las revelaciones fueron hechas en documentos legales publicados cuatro días después de que los agentes del FBI llevaran a cabo el registro de la residencia de Trump en Florida sobre la base de una orden aprobada por un juez federal.
El Departamento de Justicia informó al juez Bruce Reinhart en su solicitud de orden judicial que tenía causa probable para creer que Trump violó la Ley de Espionaje, una normativa federal que prohíbe la posesión o transmisión de información de defensa nacional.
Las supuestas revelaciones de que Trump tenía documentos etiquetados como «altamente secretos» podrían crear un gran peligro legal para él.
El «altamente secreto» es el nivel más alto de clasificación, reservado para la información de seguridad nacional más importante. Suele guardarse en instalaciones gubernamentales especiales porque su divulgación podría causar graves daños a la seguridad nacional.
Numerosas leyes federales prohíben el mal manejo de material clasificado, incluyendo la Ley de Espionaje, así como otro estatuto que impide el retiro y retención no autorizada de documentos o material clasificado. Trump aumentó las penas por este motivo mientras estaba en el cargo, convirtiéndolo en un delito castigado con hasta cinco años de prisión.
Más temprano el viernes, Trump había negado un informe del Washington Post sobre que el registro del FBI en su casa de Mar-a-Lago fue por posibles materiales clasificados relacionados con armas nucleares, escribiendo en su cuenta de redes sociales que el «tema de las armas nucleares es un engaño».
Reuters no pudo confirmar inmediatamente el informe del Washington Post, y Garland se ha negado a describir públicamente la naturaleza de la investigación.
El registro del lunes supuso una importante escalada en una de las muchas investigaciones federales y estatales que enfrenta por su etapa en el cargo y sus negocios privados, incluida otra del Departamento de Justicia sobre un intento fallido de los aliados del exmandatario de anular las elecciones presidenciales de 2020 presentando listas de electores falsas.
En un raro movimiento público, Garland anunció el jueves que el departamento pidió a Reinhart que haga pública la orden que autorizó el registro del FBI en Mar-a-Lago. Esto ocurrió luego de que Trump señaló que el registro era una venganza política y sugirió que el FBI podría haber plantado pruebas en su contra, sin entregar pruebas.
