El Gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva esperará hasta el lunes el regreso del exministro bolsonarista Anderson Torres antes de pedir su extradición a Estados Unidos, mientras varios ministros evaluaron que el hallazgo en la casa de ese exfuncionario de un borrador de decreto para desconocer el resultado de las elecciones es “la prueba de que el intento de golpe” de Estado fue planeado.
Mientras, el juez del Tribunal Supremo (TSF) Alexandre de Moraes abrió, a pedido de la Procuraduría, una investigación contra el cesado gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por «negligencia» durante el ataque del domingo pasado a las sedes de los tres poderes de hordas de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que está probado que el objetivo del texto encontrado en casa de Anderson era «fabricar el caos para enterrar la democracia».
«A medida que avanzan las investigaciones, se vuelve aún más claro el objetivo criminal de quienes financiaron, organizaron y ejecutaron los actos del pasado domingo», insistió Padilha, sobre las tomas de las sedes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Brasilia.
«El intento de golpe fue premeditado y perfilado en detalle, pero no vamos a dejar que sus perpetradores se salgan con la suya», afirmó.
Por su parte, su par de Justicia, Flávio Dino, destacó que el objetivo que tenía el borrador de decreto «fracasó igual que el intento» golpista del domingo pasado.
«(Esto) enfatiza que lo que vimos aquí el 8 de enero no fue algo aislado. De hecho, fue un elemento de una cadena, un eslabón de un movimiento golpista en Brasil y que hubo actos preparatorios asombrosos como este decreto de intervención militar», subrayó en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias Europa Press.
«Y la gravedad salta a la vista porque esto es inconstitucional», afirmó Dino en una entrevista con la cadena CNN.
Para el titular de Trabajo, Luiz Marinho, el «proyecto de decreto para que el (ahora) expresidente anulara los resultados electorales es muy serio» y representa “otra prueba más del intento de golpe».
El propio Torres admitió la existencia del documento que “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”, según escribió en su cuenta de la red Twitter, en la que lamentó que el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra.
Según la prensa local, el documento es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones que ganó Lula.
El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa de Torres, que está de vacaciones en Estados Unidos y ya anunció que se presentará ante la justicia apenas regrese.
La Justicia decretó el arresto del exministro y un registro de su domicilio después de que se viera implicado por omisión en los ataques de hordas bolsonaristas a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Torres era hasta el domingo pasado secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y por eso el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios que fueron invadidos por los golpistas.
El ministro Dino advirtió hoy que si el lunes Torres no está en el país se activarán los mecanismos para pedir a Washington su extradición.
El borrador de decreto resulta de tal gravedad que hasta el exjuez y ahora senador Sergio Moro, exministro y aliado de Bolsonaro, consideró que debe ser “repudiado con vehemencia”.
“Es evidente que es inconstitucional lo que propone: decretar un estado anómalo de defensa contra el resultado de las elecciones. Estemos o no contentos con el resultado, debe ser respetado y la oposición debe ser hecha por medios democráticos, de acuerdo con la ley y sin violencia. El contenido del documento debe ser repudiado con vehemencia», dijo Moro al diario Folha de San Pablo.
El senador dejó el Poder Judicial en 2018 para encabezar la cartera de Justicia de Bolsonaro, pero rompió con el expresidente en abril de 2020, acusando al entonces jefe del Ejecutivo de intentar interferir en la Policía Federal con fines privados, aunque después volvieron a acercarse.
Mientras, el juez De Moraes, del STF, investigará la conducta del cesado gobernador Rocha por su conducta durante el asalto.
Además de Rocha, apartado del cargo por 90 días por el mismo De Moraes, también fue incluido en la investigación Torres como responsable de la seguridad de la capital.
Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario interino de Seguridad Pública de Brasilia, y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar de Brasilia, también serán investigados por «negligencia» y «connivencia» con los responsables de los ataques.
En el caso de Rocha, De Moraes sostiene que no solo defendió una falsa protesta política en Brasilia «a sabiendas de que las instituciones serían atacadas», sino que además «ignoró» todos los llamamientos del resto de autoridades para que pusiera en marcha un plan de seguridad.
En el mismo fallo, el juez del Supremo también autorizó otras demandas de la Procuraduría, como que el Ministerio de Justicia investigue posibles delitos cometidos contra el presidente Lula o que el nuevo interventor de Brasilia, Ricardo Cappelli, pueda depurar responsabilidades a los encargados de la seguridad.
Abocado plenamente a los sucesos del domingo, el STF brasileño tuvo al menos una buena noticia: recibió hoy la copia de la Constitución de 1988 que había sido robada durante la ocupación y que fue recuperada en la víspera por la policía.
La copia, una de las cinco disponibles que estaba expuesta en el museo del alto tribunal, «no fue objeto de vandalismo», indicó la institución judicial en su cuenta de Twitter.
