El Gobierno negó el secuestro de un líder de la oposición

El gobierno boliviano descartó hoy «absolutamente» las versiones en torno a un secuestro de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra y líder opositor, quien fue detenido días pasados, acusado de terrorismo por un intento de golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
«Hubo una orden fiscal, luego que fue notificado reiteradamente, no tenía otra opción el Ministerio Público, la orden fue emitida en octubre de este año y esta situación nos lleva a descartar absolutamente que el Gobierno pueda avalar o permitir un secuestro», afirmó Iván Lima, ministro de Justicia.
Además, el funcionario advirtió que «El secuestro es cuando una persona que no tiene potestad ni base legal, priva de su libertad a un ciudadano, esto no tiene ninguna connotación de esas características».
En declaraciones a la prensa de su país, Lima sostuvo que «Ni la orden de aprehensión, ni la actuación de la policía, ni la audiencia cautelar pueden ser discutidas en el ámbito del debido proceso, con argumentos jurídicos», y añadió que la aplicación de las normas es la misma para todos los bolivianos, porque «no hay ciudadanos de primera y de segunda».
Asimismo, acusó a Camacho de obstaculizar el caso, negándose en al menos cuatro oportunidades su concurso ante el Ministerio Público para declarar por la causa abierta hace tres años.
Según los dichos del ministro, Camacho fue aprehendido «en los términos correctos de un debido proceso», y posteriormente derivado a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, tras el fallo que lo condenó a cuatro meses de reclusión.
«Estamos respetando en su grado máximo el debido proceso, la transparencia en la actuación de la justicia y estamos garantizando la independencia en los términos de la Constitución y la Ley 1970, con otros actores que no actúan con moderación, que buscan que la Justicia actúe bajo la amenaza, por el chantaje, esas personas que convocan a la violencia en Santa Cruz», concluyó.
La detención de Camacho generó una serie de protestas, especialmente en Santa Cruz, eje del desarrollo económico del país, y donde se concentra la mayoría de la oposición contra la administración de Luis Arce, el actual mandatario.
El arresto de Camacho se dio en el marco del operativo «Golpe de Estado I», que tuvo su correlato con «Golpe de Estado II», y por el cual había sido detenida la expresidenta Jeanine Añez, luego condenada a diez años de prisión por haberse situado ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.