El Gobierno de Perú anunció hoy una prórroga del estado de emergencia durante 30 días en la capital, Lima, y otros puntos del país, con el objetivo de neutralizar las protestas que se suceden desde hace más de dos meses contra la presidenta, Dina Boluarte, y en reclamo de la convocatoria de nuevas elecciones.
La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno en las regiones donde se prorrogó el estado de emergencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, precisa el decreto publicado anoche en una edición extraordinaria del boletín oficial.
El texto indica que se ha determinado prorrogar el estado de emergencia por el término de 30 días calendario, a partir de hoy, en el departamento de Lima, en la provincia constitucional del Callao, y en varias autopistas que conectan las zonas donde las protestas han sido más intensas, como la Carretera Panamericana Sur.
Asimismo, resalta que durante la vigencia de esta norma excepcional quedan limitados o suspendidos los derechos constitucionales «relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales», informal la emisora peruana RPP.
El decreto fue publicado horas después de que el ministro de Economía peruano, Álex Contreras, asegurara que «ya pasó lo peor» de las protestas.
«Lo peor ya pasó, lo que estamos observando es una recuperación de la economía», dijo en una entrevista para la cadena de televisión abierta peruana Latina Televisión.
«Uno ve los datos de conflictividad, los datos de vías bloqueadas y esa es la evidencia», recalcó.
El pasado 5 de febrero, las autoridades habían decretado el estado de emergencia por 60 días en siete departamentos del centro-sur del país, también en un intento por contener las protestas contra Boluarte y el Congreso.
El 10 de enero, esta medida de excepción había sido decretada en las regiones de Amazonas, La Libertad y Tacna debido a los enfrentamientos ocurridos durante las manifestaciones.
Desde la detención del expresidente Pedro Castillo a principios de diciembre, tras intentar cerrar el Congreso, Perú ha sido escenario de una fuerte conflictividad social con numerosas protestas en todo el país, que dejaron un balance de casi medio centenar de muertos por la represión de las manifestaciones.
Entre acusaciones infundadas de terrorismo, los manifestantes exigen la salida de Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas, un proceso constituyente para reformar la Carta Magna y la liberación de Castillo.
Hasta el momento, el Congreso unicameral no ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en la fecha para el adelanto de elecciones.
Boluarte, que vería con buenos ojos acudir a las urnas durante el segundo semestre de 2023, descarta presentar su renuncia, pues según sus palabras no ayudaría a resolver la crisis.
