El gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas contra el juez brasileño Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal (STF) y responsable del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, a quien se investiga por su presunta participación en una tentativa de golpe de Estado.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Moraes habría incurrido en “una campaña opresiva de censura y detenciones arbitrarias”, atentando contra derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión. La sanción, aplicada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), implica el congelamiento de cualquier activo del magistrado en territorio norteamericano y la prohibición de que ciudadanos o empresas estadounidenses mantengan vínculos financieros con él.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo que el juez brasileño es “uno de los individuos más poderosos de Brasil” y lo responsabilizó por ordenar allanamientos, detenciones preventivas y restricciones contra opositores, además de bloquear cuentas en redes sociales y revocar pasaportes de sus críticos.
Estas medidas se dan en un contexto de creciente fricción entre la administración de Donald Trump y el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusan de llevar adelante una “caza de brujas” contra Bolsonaro y sus seguidores. De hecho, pocas horas después del anuncio, Trump firmó un decreto que impone un arancel del 50% a las importaciones provenientes de Brasil, argumentando “graves violaciones a los derechos humanos” y una “persecución judicial con fines políticos”.
La respuesta desde Brasil no tardó en llegar. La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, tildó la medida de Washington como “violenta y arrogante”, y expresó su apoyo a Moraes y al Supremo Tribunal Federal. “Ninguna nación puede interferir en el poder judicial de otra. El gobierno de Lula condena rotundamente este absurdo”, escribió en sus redes sociales.
Además, Hoffmann denunció que el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, estaría detrás de maniobras en Estados Unidos para presionar contra el sistema judicial brasileño. Eduardo, actualmente investigado por el STF, calificó la sanción como un “hito histórico” y aseguró que es una señal de que “el abuso de autoridad ya tiene consecuencias globales”.
Por su parte, el Procurador General de la Unión, Jorge Messias, advirtió que el gobierno tomará “todas las medidas necesarias” para defender la soberanía brasileña y proteger sus instituciones. “No cederemos ante presiones ilegítimas que pretendan manchar el honor de nuestra nación soberana”, subrayó en declaraciones difundidas por Agencia Brasil.
El conflicto abre un nuevo frente diplomático en medio de un proceso judicial clave para la política brasileña y suma tensión a la ya compleja relación entre ambos gobiernos.
