El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que tenía en el horizonte una casi segura destitución, decretó ayer la disolución de la Asamblea Nacional y pidió a las autoridades electorales el llamado a comicios generales, una decisión que los locales llaman “muerte cruzada” y que le permitirá gobernar seis meses por decreto.
La medida del mandatario, a quien el Parlamento estaba enjuiciando por presunta corrupción, fue cuestionada ante la Corte Constitucional por dos fuerzas, el Partido Social Cristiano (PSC) e Izquierda Democrática (ID), que consideran que no se dan las razones invocadas para el decreto.
En las primeras horas con la medida vigente, el Gobierno tuvo gestos que parecieron apuntar a mostrarse fuerte: valló la sede del Congreso e impidió el acceso a los ahora ex legisladores, reunió al cuerpo diplomático para detallar “la decisión soberana” y hasta dictó el primer decreto, una reforma tributaria que llama ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar.
Los partidos de la oposición, hasta acá aliados en el proceso contra Lasso, tuvieron actitudes dispares: el expresidente y referente de Unes, Rafael Correa, acusó al mandatario de dar “golpe de Estado” pero el partido anticipó que no irá contra la medida; el PSC y la ID irán por la vía jurídica para cuestionar la “muerte cruzada” y Pachakutik, brazo político del poderoso movimiento indígena, dijo que estudiará qué respuesta da a la decisión.
Los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía avalaron rápidamente la legalidad de la medida de Lasso en un video en el que advirtieron que actuarán con firmeza ante protestas, mientras que policías antimotines tomaron control del edificio de la Asamblea Nacional y los legisladores sólo podían retirar sus pertenencias a través de un tercero.
La Constitución ecuatoriana establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el mandato de cuatro años, que comenzó en 2021 y termina en 2025. A su vez, la ley ecuatoriana indica que el plazo ordinario para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días, es decir cuatro meses.
En qué consiste la “Muerte cruzada”
Horas después de concluir la primera sesión de un juicio político en su contra, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso echó mano a un recurso constitucional llamado “muerte cruzada” para evitar ser destituido.
Se trata de una figura legal, amparada por el artículo 148 de la Constitución, que le permite al Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral del país, al tiempo que otorga un plazo máximo de siete días para convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. E
l plazo para que se realice un proceso electoral luego de su convocatoria es de 120 días. Sin embargo, en el caso extraordinario de la disolución de la Asamblea Nacional, le da la potestad al Consejo Nacional Electoral a que puede disponer la realización de las elecciones en “un plazo menor a 90 días, contados a partir de la convocatoria”.
Se trata de la primera vez que un mandatario aplica la “muerte cruzada”, que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
