Fuerzas israelíes irrumpieron este martes por la mañana en la sede de la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en Jerusalén Oriental, desalojaron al personal de seguridad e iniciaron la demolición de varios edificios con excavadoras, en una acción que provocó una inmediata condena de Naciones Unidas y de organismos internacionales.
El portavoz del organismo, Jonathan Fowler, confirmó que a los guardias privados “les confiscaron sus dispositivos electrónicos antes de ser expulsados del predio”, y calificó el operativo como una “violación grave del derecho internacional” y un hecho “sin precedentes contra instalaciones de Naciones Unidas”.
En la misma línea, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, denunció que durante el asalto las autoridades israelíes se apropiaron de muebles y equipos informáticos, y que la bandera de la ONU fue retirada del edificio y reemplazada por una bandera israelí.
“Esto representa un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional”, afirmó Lazzarini, quien advirtió que el episodio “sienta un precedente extremadamente peligroso para la seguridad de todas las organizaciones internacionales”.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, la demolición fue justificada bajo el argumento de que el complejo “no goza de inmunidad alguna” y que el Estado israelí es el “propietario legítimo del predio”. En la misma línea, la Autoridad de Tierras de Israel sostuvo que la operación fue una medida coercitiva contra estructuras “ilegales”, ejecutada conforme a las leyes nacionales de planificación y construcción.
La medida se ampara en una reforma legal aprobada a fines de diciembre de 2025, que despojó a la UNRWA de los privilegios otorgados por la Ordenanza de las Naciones Unidas de 1947, y en una ley previa, sancionada en octubre de 2024, que prohíbe a la agencia operar en zonas bajo jurisdicción israelí y restringe cualquier cooperación oficial con ella.
Israel acusa desde hace tiempo a la UNRWA de encubrir a milicianos de Hamás y asegura que algunos de sus empleados participaron en los ataques del 7 de octubre. No obstante, investigaciones independientes, encabezadas por la ex ministra francesa Catherine Colonna, concluyeron que Israel no presentó pruebas concluyentes que respalden esas acusaciones, algo que la agencia niega de manera sistemática.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, referente de la extrema derecha y miembro de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, se hizo presente en el lugar de la demolición y celebró la jornada como un “día histórico para la soberanía de Jerusalén”.
“Estos partidarios del terrorismo están siendo desalojados junto con todo lo que construyeron en este lugar”, sostuvo el funcionario en un comunicado.
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) condenó la demolición y la calificó como un “flagrante ataque contra las Naciones Unidas”, al considerar que busca “eliminar la presencia humanitaria y política de la UNRWA en Jerusalén Oriental”. Además, instó a la comunidad internacional a actuar para evitar el “colapso del sistema internacional”.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó enérgicamente la acción. A través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, señaló: “El secretario general condena en los términos más firmes las acciones de las autoridades israelíes para demoler el complejo de la UNRWA en Sheikh Jarrah”.
Testigos y fuentes palestinas indicaron que fuerzas israelíes ingresaron al complejo escoltadas por excavadoras y demolieron oficinas móviles. Tras el operativo, la bandera de la ONU fue retirada y sustituida por una bandera israelí.
Mientras Israel considera a toda Jerusalén como su capital, una reclamación no reconocida por la comunidad internacional, Naciones Unidas sostiene que Jerusalén Oriental es territorio ocupado. En ese marco, la UNRWA recordó que Israel, como Estado miembro de la ONU, tiene la obligación de “respetar la inviolabilidad de los locales de Naciones Unidas sin excepciones”.
La agencia advirtió que estas acciones forman parte de un plan para desmantelar la ayuda humanitaria y borrar la identidad de los refugiados palestinos, en un contexto de creciente deterioro del respeto al derecho internacional en la región.
