El presidente de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y su vecina provincia del Callao, por un período de 30 días, con el objetivo de enfrentar los altos índices de criminalidad e inseguridad que afronta la nación sudamericana.
“El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00.00, y por 30 días, en Lima Metropolitana y el Callao, y presenta un nuevo enfoque”, afirmó Jerí durante un breve Mensaje a la Nación televisado.
Según datos de la fiscalía peruana, los homicidios pasaron de 676 en 2017 a 2.082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión subieron de 2.305 en 2020 a más de 21.700 el año pasado.
Esta nueva medida permitirá planificar, implementar y ejecutar acciones conjuntas para enfrentar con firmeza la creciente ola de criminalidad que afecta a la nación andina.
Además, el decreto suspende derechos constitucionales como los de reunión y protesta, y establece restricciones específicas, como la prohibición de que dos adultos viajen juntos en una misma motocicleta, con el objetivo de reducir los delitos cometidos desde este tipo de vehículos.
En este contexto, la Policía Nacional inició operativos de control de identidad en calles y colectivos urbanos. En paralelo, el Ejecutivo dispuso reducir las visitas a los reclusos, limitar el suministro eléctrico en las celdas y destruir antenas telefónicas ilegales cercanas a las cárceles.
El decreto llega una semana después de una multitudinaria marcha de jóvenes de la llamada “Generación Z” que exigieron la renuncia de Jerí. Durante esas protestas, un manifestante murió por un disparo policial y otro resultó con una fractura craneal grave.
Por su parte, el primer ministro Ernesto Álvarez explicó que toda manifestación con más de 3.000 personas deberá contar con autorización previa de la policía. “El derecho a la protesta está restringido”, subrayó.
Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre, tras la destitución parlamentaria de Dina Boluarte. En su discurso de asunción prometió “orden y seguridad”, aunque aún no precisó si impulsará la derogación de seis leyes que, según especialistas, debilitaron la lucha contra el crimen.
El gobierno anterior había aplicado una medida similar entre marzo y mayo pasado, que fue criticada por su escaso impacto en la reducción de la violencia.
