La ONU designó hoy a tres mujeres -una defensora de derechos humanos argentina, una profesora de Derecho pakistaní y una abogada de Bangladesh- como responsables de la misión que investigará la represión a las protestas que sacuden a Irán desde septiembre.
En un comunicado, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), el argentino Federico Villegas, anunció la designación de la también argentina Viviana Krsticevic, de Shaheen Sardar Ali, de Pakistán; y de Sara Hossain, de Bangladesh, como las «tres miembros independientes» de la recientemente establecida Misión de Investigación sobre la República Islámica de Irán.
El grupo estará presidido por Hossain, abogada ante el Tribunal Supremo de Bangladesh y veterana activista por los derechos humanos, precisaron.
La letrada estará acompañada de Krsticevic, directora del Center for Justice and International Law, activo en la defensa de los derechos humanos en las Américas, y de Ali, profesora de Derecho pakistaní en la británica Universidad de Warwick.
La misión, votada el 24 de noviembre por los 47 miembros del CDH, tiene como fin «investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, especialmente con respecto a las mujeres y los niños».
Las tres mujeres deberán documentar la represión orquestada por las autoridades iraníes y las posibles violaciones de los derechos humanos, de cara a una eventual proceso judicial, en Irán o en el extranjero.
Sin embargo, las expertas no tienen prácticamente esperanza de poder visitar el país persa, ya que las autoridades iraníes se opusieron firmemente a la puesta en marcha de esta investigación internacional.
La misión fue constituida gracias al voto a favor de 25 países -entre ellos Argentina-, mientras que 16 se abstuvieron y seis votaron en contra (Armenia, China, Cuba, Eritrea, Pakistán y Venezuela).
Irán es el escenario de un movimiento de protesta desencadenado por la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, una joven kurda iraní detenida tres días antes por la Policía de la moral por violar el código de vestimenta de la República Islámica, que exige el uso del velo en público.
Teherán anunció 11 condenas de muerte por implicación en las marchas, que denomina «disturbios» y que achaca a la acción de «enemigos extranjeros», como Israel y Estados Unidos.
Hasta ahora, se llevaron a cabo dos ejecuciones en relación con las protestas: la de Mohsen Shekari, el pasado 8 de diciembre, y la de Majidreza Rahnavard, el 12; ambos tenían 23 años. Este último fue ahorcado en público.
Cerca de 14.000 personas fueron detenidas desde mediados de septiembre, según la ONU, y 469 manifestantes murieron, según la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
