La Unión Europea (UE) y el gobierno de Venezuela confrontaron ayer por la reciente inhabilitación de la precandidata presidencial opositora María Corina Machado, que numerosos dirigentes políticos y especialistas en derecho consideraron inconstitucional.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, manifestó en un comunicado su preocupación por “las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales”, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro respondió poco después que rechazaba “categóricamente” las declaraciones, a la que calificó de “nuevo acto de injerencismo en asuntos que son de exclusiva competencia de los poderes públicos venezolanos”.
En una nota publicada por la cancillería, agregó que “la legalidad y legitimidad del proceso electoral venezolano no depende, ni dependerá, de ningún actor extranjero”.
El diputado oficialista José Brito anunció el viernes pasado que la Contraloría General de la República dispuso que Machado “está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular” por un período de 15 años, “luego de una investigación patrimonial”.
Machado había sido inhabilitada por un año en 2015, por supuestas irregularidades administrativas cuando fue diputada en 2011-14, pero la Contraloría aclaró que luego siguió investigándola y extendió la sanción a 15 años.
Machado representa al ala más radicalizada de la oposición y la mayoría de las encuestas la ubica primera en intención de voto para las primarias de la oposición programadas para el 22 de octubre próximo.
