El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó que Cuba habría aceptado una oferta de ayuda por US$100 millones, aunque advirtió que aún no está claro si Washington terminará aprobando las condiciones impuestas por La Habana.
“Dicen que la han aceptado. Ya veremos si eso significa que saldrá bien”, señaló Rubio ante periodistas, en declaraciones reproducidas por Euronews y la Agencia Noticias Argentinas.
En paralelo, el funcionario insistió en que cualquier asistencia debe llegar directamente a la población y no al aparato estatal cubano. “No vamos a enviar ayuda humanitaria que acabe en manos de la empresa militar del régimen cubano”, sostuvo, en referencia a la firma estatal Gaesa, vinculada al entramado económico del gobierno de la isla.
El anuncio se produce en un contexto de alta tensión entre Washington y La Habana, marcado por sanciones económicas, restricciones diplomáticas y un endurecimiento de la política estadounidense hacia el gobierno cubano.
En ese marco, la eventual aceptación de una ayuda humanitaria por US$100 millones en alimentos y medicinas abre un escenario inusual de posible cooperación, aunque condicionado tanto por las exigencias de Cuba como por la decisión final de la administración de Donald Trump.
Rubio también elevó el tono político al referirse a figuras del castrismo: calificó a Raúl Castro como un “fugitivo” de la Justicia estadounidense, en relación con la acusación por su presunta implicación en el derribo de aviones en 1996, donde murieron cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate.
La tensión bilateral se profundiza además por recientes decisiones judiciales en Estados Unidos. El Tribunal Supremo falló a favor de la reapertura de una demanda contra empresas de cruceros por el uso de propiedades confiscadas en La Habana, en el marco de la ley Helms-Burton, lo que reaviva litigios vinculados a expropiaciones realizadas tras la revolución cubana.
El fallo, que no es definitivo, reactiva un caso que involucra a la empresa Havana Docks y a compañías de cruceros que operaron rutas hacia Cuba durante el acercamiento diplomático impulsado en la administración de Barack Obama, y que luego fue revertido con nuevas restricciones durante el gobierno de Trump.
En este contexto, Estados Unidos combina presión judicial, sanciones económicas y endurecimiento diplomático, mientras se abre la incógnita sobre si la posible ayuda humanitaria logrará concretarse bajo los términos planteados por ambas partes.
