Entre los más de 1.300 arrestados en Brasil por los actos golpistas del pasado 8 de enero, en los que una turba de seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro asaltó las sedes de los tres poderes en la Capital, al menos 45 fueron candidatos a cargos públicos durante las elecciones celebradas en la última década, de acuerdo con un informe publicado por la prensa local. De esos 45 candidatos, seis se presentaron en las últimas elecciones, todos sin éxito y en algunos casos con cifras irrisorias que apenas superaban los 600 votos.
El Partido Social Liberal (PSL) y el Partido Liberal (PL), siglas bajo las que se presentó Bolsonaro a las presidenciales de 2018 y 2022, son las formaciones que más han albergado las candidaturas de los hoy detenidos por estos hechos violentos, reveló una recopilación hecha por el diario O Globo en base a la información de los detenidos divulgada por los servicios penitenciarios de Brasilia, cotejada con la del Tribunal Superior Electoral (TSE).
Todos ellos coinciden en haber hecho campaña utilizando las redes sociales para repetir los ataques a las instituciones de Bolsonaro, con especial atención contra el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, una de las figuras destacadas de esta crisis política tras sus fallos contra los asaltantes.
Sin embargo, entre los pasados candidatos ahora presos por los ataques hay algunos que en el pasado eran parte de la oposición a Bolsonaro, entre ellos uno del Partido Verde y al menos otros tres del Partido Socialista Brasileño (PSB), hoy dentro de las bases que acompañaron al Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva.
Además, el juez de Moraes decidió ayer mantener a 140 personas detenidas como consecuencia de los ataques contra los edificios de los tres poderes del Estado y liberó a otras 60 con medidas cautelares, mientras las causas por delitos como “terrorismo” y “golpe de Estado” continúan.
El grupo de 140 detenidos pasó de prisión en flagrante delito a preventiva, para garantizar el orden público y la eficacia de las investigaciones, según informó el magistrado en un comunicado. Para el juez del máximo tribunal, “se produjo una flagrante afrenta al mantenimiento del estado democrático de derecho, en claro desacuerdo con la garantía de la libertad de expresión”.
Por otro lado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó ayer la destitución de 13 militares que se desempeñaban en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), organismo bajo cuya jurisdicción está el resguardo del Palacio del Planalto. Días atrás, Lula había declarado que “el ataque tuvo la connivencia de elementos de las Fuerzas Armadas”.
En tanto, el ministro jefe de la Casa Civil, Rui Costa, negó que los relevos estén relacionados con una desconfianza hacia los efectivos, que mantienen su condición militar y pasan a otros destinos, sino que se trata de una “rotación” de personal. “No es ninguna novedad, no tiene ningún misterio. ¿O es que alguien pensaba que el nuevo gobierno iba a mantener a los asesores del anterior?”, se preguntó.
