Francia vivió ayer la undécima jornada de protestas contra la impopular reforma jubilatoria aprobada por decreto por el presidente liberal Emmanuel Macron, ocho días antes de una decisión clave de la justicia que podría desbloquear o profundizar un conflicto que golpea la imagen del gobierno.
Al menos 20 personas fueron detenidas en París en el marco de las manifestaciones, que movilizaron a cerca de 400.000 personas en todo el país, según cifras de la Confederación General del Trabajo (CGT), una cifra algo menor que en la última protesta del 28 de marzo.
Pese a que en general las protestas fueron pacíficas, en París se registraron algunos incidentes y momentos de tensión después de que una bengala lanzada en un choque entre un grupo de manifestantes radicales y las fuerzas de seguridad incendiara una parte del toldo del restaurante La Rotonde, un lugar apreciado por Macron.
En Nantes, la Policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, al igual que en Lyon, indicó la agencia Europa Press.
Además, grupos de trabajadores ocuparon las sedes y las instalaciones de algunas empresas y multinacionales, pero sin mayores incidentes, como la de la inversora estadounidense Black Rock, en París, por parte de los ferroviarios en su camino a la Asamblea Nacional.
Liceos y universidades bloqueados, algunos trenes anulados y una frecuencia en el transporte público de París «casi normal» apuntan a un movimiento de protesta que continúa, pero que en las últimas semanas perdió fuerza en un país que todavía no halló una solución a la crisis social y política.
«Tenemos la impresión de que estamos frente a un Gobierno sordo (…), de que a Emmanuel Macron no le interesa en absoluto lo que pasa en su propio país», dijo a la AFP Elise Bouillon, una estudiante de Urbanismo, quien protestó en París contra una reforma «injusta y brutal».
El miércoles, una reunión entre la primera ministra, Élisabeth Borne, y los principales líderes sindicales sirvió para constatar que sus posiciones no cambiaron, a la espera de la decisión del Consejo Constitucional el 14 de abril.
«Estamos todavía en este momento en que pedimos la retirada de la reforma. El gobierno dijo: ‘Vamos hasta el Consejo Constitucional, es el proceso democrático'», manifestó ayer en la radio RTL el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, para quien corresponde a Macron «solucionar» el «problema».
Por su parte, la nueva líder de la CGT, Sophie Binet, dijo que «pase lo que pase, la movilización seguirá de una forma u otra». «La única solución es la retirada de esta reforma», insistió.
Pero el Gobierno se niega a retirar su reforma, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa, algo que rechazan dos de cada tres franceses, según los sondeos.
Su presentación a mediados de enero generó una oleada de protestas, que se radicalizaron el 16 de marzo cuando el presidente decidió adoptarla por decreto, al temer una derrota en el Parlamento, donde el oficialismo no tiene mayoría absoluta.
El gobierno defiende que elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa permitirá evitar un futuro déficit en la caja de las jubilaciones, pero sus opositores consideran que castiga más a las mujeres con hijos y a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes.
Muestra del malestar todavía presente, empleados del sector cultural desplegaron ayer en el Arco del Triunfo de París una pancarta con el lema: «No a los 64».
Desde el 7 de marzo, cuando los sindicatos movilizaron a 1,28 millones de personas, según la policía, y 3,5 millones, según el sindicato CGT, las manifestaciones perdieron fuerza. El 28 de marzo, fueron entre 740.000 y más de dos millones, según sendas fuentes.
Todas las miradas están puestas en el Consejo Constitucional. Su dictamen sobre la validez o no de la reforma marcará la evolución de un conflicto social enquistado y que beneficia, según los observadores y los sondeos, a la líder ultraderechista Marine Le Pen.
El líder del sindicato moderado CFDT, Laurent Berger, responsabilizó de la situación a Macron, a quien advirtió de la «crisis democrática» que se vive y del «riesgo de ascenso de la extrema derecha».
Pero el entorno del mandatario de 45 años rechazó ese análisis y subrayó que la reforma formaba parte del programa con el que logró su reelección en 2022 con casi un 59% de votos en el balotaje frente a Le Pen.
Mientras tanto, la primera ministra Borne multiplicó los contactos esta semana con las fuerzas políticas para intentar lograr una mayoría estable en el Parlamento, pero no lo consiguió: Los Republicanos (derecha), aliado del gobierno en la batalla de la reforma jubilatoria, rechaza una alianza global con el oficialismo.
