El presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió ayer que el Estado carece de los fondos suficientes para implementar el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pese a su voluntad para cumplir con lo pactado en 2016. “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones (de pesos colombianos, unos 32.900 millones de dólares). Si lo firmó el gobierno de (Juan Manuel) Santos a nombre del Estado y la sociedad queda ahí representada, entonces, díganme… ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”, cuestionó Petro.
El mandatario hizo estas declaraciones al intervenir en el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, donde afirmó que su administración aspira a propiciar reparaciones que vayan más allá de lo monetario y no limitarse al mero desarme de las fuerzas guerrilleras. Además, Petro consideró indispensable cumplir el punto relacionado con la reforma agraria, pero reconoció que no cree posible lograr tal objetivo. “Si somos realistas, tendríamos que decir, igual que en el caso de las víctimas, que el Acuerdo de Paz no se puede cumplir. Es una mentira”, dijo el gobernante, tras señalar que al Estado le tomó un siglo entregar un millón de hectáreas, mientras se aspira a dar tres millones en apenas 15 años.
El Gobierno de Petro busca actualmente alcanzar la paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundada en 1964 y la organización insurgente más antigua de Colombia, tras la disolución de las FARC, pero la “Paz Total” involucra a otros sectores armados del país. Cabe recordar que Colombia lleva más de 60 años en un conflicto armado donde han intervenido distintos actores y se han firmado varios acuerdos de paz. El más reciente se consolidó en 2016, cuando las FARC y el Estado, gobernado entonces por Santos (2010-2018), llegaron a un acuerdo para que la guerrilla dejara las armas y sus combatientes se incorporaran a la vida civil.
Por otra parte, Petro, anunció la salida del director de la Policía, general Henry Sanabria, y de la subdirectora, general Yackeline Navarro, y anunció el nombramiento de William Salamanca al frente de la institución, a quien presentó como “un mayor general de la Reserva, con más de 37 años de experiencia en la institución”. Sanabria había asumido desde agosto del año pasado, y una de sus primeras decisiones fue la de darle un giro completo al extinto Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que, a partir del año pasado, fue renombrado como Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación, debido a los múltiples hechos de violencia perpetrados por miembros de la Policía en el paro nacional. Sin embargo, se vio envuelto en escándalos por sus declaraciones relacionadas con la fe católica y fue duramente criticado por detalles que se conocieron de su vida personal y no como jefe de la institución.
