Ante la persistente falta de lluvias y luego de más de siete meses de sequía en Uruguay, el gobierno decretó el lunes emergencia hídrica en el área metropolitana de Montevideo, donde vive más de la mitad de la población uruguaya, que incluye, además, la eliminación de impuestos a la importación de agua embotellada.
En conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou reiteró que la declaración del estado de emergencia simplificará las intervenciones de apoyo a la población, y la creación de infraestructura destinada a aumentar el volumen de agua que llega a la capital. Entre estos últimos citó la construcción, desde hace cerca de un mes, de un embalse en el río San José, con también el fortalecimiento del sistema de conducción de agua.
Además, aseguró el jefe de Estado, se mantiene el abastecimiento de agua gratuito para poblaciones vulnerables, y el dirigido a hospitales, residencias de ancianos, guarderías y centros familiares, las oficinas del Instituto de la Infancia y la Adolescencia (Inau). La medida de entrega gratuita de dos litros de agua diarios también se extenderá a alrededor de 21.000 beneficiarios de los servicios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
La última información disponible de Obras Sanitarias del Estado (OSE), la empresa estatal potabilizadora y distribuidora del agua, de hace cinco días atrás es que de los 67.000.000 de metros cúbicos que tiene el embalse de San Severino, el más grande de Uruguay, ubicado en el Río Santa Lucía, quedaban 3.700.000 de metros cúbicos. “No se va a cortar el suministro del agua, lo que puede pasar es que haya un agua de peor calidad”, dijo Lacalle Pou. En ese sentido, y en el supuesto de que se mantenga la ausencia de lluvias, los técnicos del Ministerio de Salud Pública están evaluando “hasta dónde es posible” elevar los niveles de sodio y cloruro en el agua potable.
El río Santa Lucía, uno de los cursos de agua más importantes de Uruguay, abasteció durante más de 150 años de agua dulce a Montevideo y su zona de influencia hasta los primeros días de mayo de este año. Entonces, las autoridades decidieron tomar agua salada del Río de la Plata, lo que duplicó los niveles de sodio y también de cloruros para su desinfección. Estos niveles y otros como los del trihalometanos o hierro duplicaron los estándares permitidos por la norma uruguaya de agua potable. El presidente dijo que estudian con las autoridades del Ministerio de Salud Pública autorizar elevar los parámetros físico-químicos del agua del grifo hasta que “sea consumible”.
