El electorado de Italia rechazó la reforma judicial impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni en un referéndum que dejó un impacto político inmediato sobre la coalición oficialista.
Con el 53,6% de los votos, la opción por el “No” se impuso frente al 46,4% del “Sí”, respaldado por el Ejecutivo. La participación alcanzó cerca del 59%, un nivel elevado que reflejó la centralidad del debate en la agenda pública.
La iniciativa proponía modificaciones estructurales en el sistema judicial, entre ellas la separación de las carreras de jueces y fiscales, la división del órgano de autogobierno de la magistratura y la creación de un tribunal disciplinario.
Desde el oficialismo, los cambios eran presentados como necesarios para agilizar un sistema considerado lento y burocrático. Sin embargo, sectores opositores y organizaciones jurídicas advirtieron sobre un posible riesgo para la independencia judicial.
Tras conocerse los resultados, Meloni reconoció la derrota y aseguró que respetará la decisión ciudadana. Afirmó además que continuará en el cargo hasta el final de su mandato en 2027.
El resultado fue interpretado como un plebiscito sobre su gestión, lo que expone un debilitamiento político y posibles tensiones dentro de la coalición de derecha.
El rechazo a la reforma fue impulsado por un frente opositor unificado, integrado por partidos de centroizquierda, organizaciones sociales y referentes del ámbito jurídico.
Tras la votación, dirigentes opositores destacaron el resultado como un punto de partida para consolidar una alternativa política, en un escenario que abre interrogantes sobre la capacidad del gobierno para avanzar con nuevas reformas.
