El ex presidente de Paraguay Santiago Peña podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank, entidad financiera intervenida tras una crisis que puso bajo la lupa sus operaciones y los vínculos con organismos estatales. Así lo informó la fiscal Verónica Valdez, quien explicó que la expectativa de condena responde a la presunta comisión de varios hechos punibles.
“La pena que podría ser aplicada, conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible”, señaló la representante del Ministerio Público durante una conferencia de prensa.
Peña, de 47 años, fue destituido por el Senado el pasado viernes, luego de ser hallado culpable de mal desempeño de funciones en medio del escándalo financiero. Posteriormente, la Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor.
De acuerdo con la acusación, el ex mandatario habría intervenido en la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank. Además, habría mantenido una relación económica y corporativa previa con Ueno Holding, el grupo empresarial al que pertenecía la entidad financiera.
En concreto, la investigación señala que Peña tenía una participación accionaria equivalente al 1,58% de Ueno Holding, además de un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, compañías pertenecientes al Grupo Vázquez. El ex mandatario vendió su participación en el conglomerado en marzo de 2025, cuando todavía estaba al frente del Gobierno.
La fiscal Valdez aclaró que la pena máxima prevista contempla un concurso de hechos punibles y que podría modificarse si durante el proceso cambian las calificaciones jurídicas. Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera indicó que los ex directivos de Ueno Bank enfrentan una expectativa de hasta 12 años de cárcel. En la causa también están investigadas otras 27 personas vinculadas con la entidad y sus empresas relacionadas.
Consultada sobre la posibilidad de que Peña vuelva a declarar, Valdez recordó que ningún imputado puede ser obligado a hacerlo. El ex mandatario y el ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, se abstuvieron de declarar durante sus respectivas indagatorias, aunque pueden solicitar una nueva audiencia si deciden hacerlo.
Expulsado del Partido Colorado
En paralelo al avance de la causa judicial, el Tribunal de Conducta de la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, resolvió expulsar a Peña de sus filas. La decisión se conoció este martes, 10 años después de su afiliación a la agrupación política.
El pedido había sido impulsado por dirigentes colorados que cuestionaron su actuación durante el Gobierno y las consecuencias del escándalo financiero. Entre ellos se encuentra Carmen Corina Alonso, integrante de la Junta de Gobierno de la ANR y ex directora de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), quien sostuvo que Peña defraudó la confianza del partido, incumplió su juramento constitucional y perjudicó la imagen del país y del coloradismo.
En su resolución, el Tribunal consideró que la agrupación se vio gravemente afectada por los hechos de carácter criminal atribuidos al ex mandatario y entendió que esa situación constituye un motivo suficiente para su expulsión.
Peña se había afiliado al Partido Colorado el 29 de octubre de 2016, cuando se desempeñaba como ministro de Hacienda durante el Gobierno de Horacio Cartes. Antes había pertenecido al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pero Cartes impulsó su incorporación al coloradismo y luego lo convirtió en su principal apuesta electoral para las elecciones presidenciales de 2023.
Piden investigar a su esposa y familiares
El escándalo también alcanzó al entorno familiar y político del ex presidente. Legisladores opositores solicitaron a la Fiscalía ampliar la denuncia penal contra Leticia Ocampos, esposa de Peña, y otros familiares y allegados, por la presunta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución penal y otros delitos conexos.
La presentación fue realizada por los senadores Yolanda Paredes, Lucía Mendoza y Faisal Huespe, del Partido Cruzada Nacional, ante la Fiscalía de Delitos Económicos, en el marco de la causa 92/2026, conocida como el caso Ueno-Peña.
La denuncia apunta a una serie de familiares directos del ex mandatario y de su esposa, entre ellos sus padres, hermanos e hijos, además de otros allegados. Los legisladores cuestionan que estas personas hayan promovido una acción judicial para impedir que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregara documentación vinculada con sus relaciones patrimoniales y empresariales.
El planteo se remonta a noviembre de 2025, cuando el juez Diego Alejandro Torres hizo lugar a un pedido de amparo constitucional presentado por familiares y allegados de Peña para frenar la entrega de documentos de carácter reservado.
Ante esta situación, los parlamentarios pidieron ampliar la investigación, preservar documentación y correos electrónicos, además de evaluar medidas como la prohibición de salida del país y restricciones sobre movimientos financieros de los denunciados.
Los senadores sostienen que la pesquisa no debe limitarse a los directivos de Ueno Bank ni a los funcionarios públicos que participaron en las operaciones cuestionadas, sino que también debe determinar los vínculos societarios y patrimoniales del entorno familiar del exmandatario.
El crecimiento de Ueno Bank
La investigación busca determinar cómo se desarrollaron las operaciones financieras de Ueno Bank, Ueno Holding y el Grupo Vázquez, y qué papel tuvieron las relaciones empresariales y políticas en el crecimiento del conglomerado.
Durante los tres años de Gobierno de Peña, Ueno Bank captó importantes sumas de dinero de organismos públicos, mientras que empresas vinculadas con el grupo empresarial obtuvieron contratos con el Estado paraguayo, según la información publicada por medios locales.
Al anunciar el procedimiento de resolución de la entidad, el Banco Central del Paraguay señaló que Ueno Bank había perdido solvencia, entre otros motivos, por la concesión de grandes créditos a empresas vinculadas con su propio grupo empresarial.
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