Manifestantes atacaron a piedrazos una Fiscalía y se enfrentaron con la Policía en una ciudad del sur de Perú para exigir nuevas elecciones tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, informaron autoridades, que dijeron que hubo 20 heridos.
«Enfrentamiento entre población y Policía deja 16 personas y cuatro policías heridas/os» en la ciudad de Andahuaylas, en la región Apurímac, informó anoche la Defensoría del Pueblo a través de Twitter. Los heridos fueron trasladados al hospital, agregó la institución, sin precisar su estado.
Los manifestantes usaron hondas y piedras para atacar el local de la Fiscalía de la ciudad, mientras que la Policía repelió el ataque con gases lacrimógenos, dijo la Defensoría. Asimismo, dos policías fueron retenidos por horas como rehenes, pero ya estaban libres.
«Hacemos un llamado a la calma ante los hechos que se vienen registrando en Andahuaylas», dijo la Policía Nacional en un comunicado. «Pedimos a la población que hace uso de su derecho a protestar. Rechazamos cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad del ser humano», agregó la nota.
De la región de Apurímac es oriunda la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte. Boluarte asumió la Presidencia luego que Castillo fuera destituido el miércoles pasado a luego de haber ordenado disolver el Congreso para gobernar por decreto, después de meses de enfrentamiento con el Legislativo, dominado por la oposición de derecha.
Castillo, un maestro rural de 53 años que llegó al poder en julio de 2021, fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo y fue puesto el jueves en prisión preventiva por siete días. La Fiscalía lo acusa de rebelión y, de ser hallado culpable, enfrentaría entre 10 y 20 años de prisión.
En Lima, cientos de partidarios de Castillo marcharon ayer por el centro histórico de la capital hacia el Congreso convocados por colectivos de izquierda en una manifestación que congregó menos gente que en días previos. «Estamos protestando porque tienen a nuestro Presidente secuestrado, queremos su libertad», dijo a la AFP Rosa Gutiérrez, de 60 años. «Esta señora es una usurpadora, está ocupando el lugar del presidente Castillo, por ambición (lo) traicionó», expresó por su parte Ruth Orihuela, de 46 años, sobre Boluarte.
En el resto del país, los bloqueos de carreteras continuaron ayer por tercer día en las zonas surandinas donde Castillo goza del mayor apoyo. Sin embargo, los manifestantes no han crecido en número. En las regiones Ica y Arequipa continuaban bloqueados varios tramos de la Panamericana, la principal carretera que atraviesa el país de norte a sur, dejando varados a decenas de colectivos y camiones de carga.
Los sucesos provocaron que la Policía anunciara la suspensión de vacaciones y permisos de su personal hasta «nueva orden».
Por su parte, el Castillo acusó a la Fiscalía, al Congreso y a la actual presidenta, Dina Boluarte, de dirigir un «plan maquiavélico» en su contra, en sus primeras declaraciones públicas desde que fue destituido y detenido tras disolver el Congreso.
A través de una carta publicada anoche por el congresista Guillermo Bermejo, el expresidente de izquierda dijo que varias personas lo «obligaron a sacarse una muestra» de sangre el viernes y que lo volvieron a hacer el sábado.
«En la tarde de ayer un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento, igualmente el día de hoy, volvieron con lo mismo por haberme negado, por seguridad y mi integridad», denunció.
El viernes pasado se hizo público que un equipo de médicos legales de la Fiscalía iba a visitar al expresidente para tomar muestras con el fin de realizar una prueba toxicológica con la que determinar si Castillo estaba bajo los efectos de alguna sustancia cuando pronunció el discurso por el que disolvió el Parlamento y estableció el estado de excepción. La noticia que se dio a conocer después de que Bermejo sugiriese que Castillo «no se encontraba en sus facultades» cuando cometió los actos que están siendo juzgados como un delito de rebelión.
El propio congresista demandó el viernes que se le realizase esta prueba para dirimir si había sido un movimiento «inducido». Sin embargo, Castillo ha afirmado que no descarta que la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Congreso de la República y Boluarte estén dirigiendo «este plan maquiavélico», informó la agencia de noticias Europa Press.
