El Senado de Uruguay aprobó ayer el proyecto gubernamental de reforma del sistema previsional, una formalidad que se daba por descontado y que implica cambios profundos en el sistema de jubilaciones, rechazados por la oposición y los sindicatos, muy debatidos aún dentro de la alianza oficialista y elogiado por el presidente Luis Lacalle Pou, que lo consideró un texto “con sensibilidad social”.
La nueva ley amplía la edad de jubilación de los 60 hasta los 65 años, en una escala vinculada con la fecha de nacimiento, dispone un tratamiento especial que incrementa los beneficios a familias que incluyan hijos con discapacidad, permite a las personas jubiladas mantener un empleo y dispone de un “suplemento solidario” para los haberes más bajos, entre otros puntos.
“Esta reforma va a perdurar en el tiempo, porque es justa y solidaria”, insistió Lacalle Pou en un mensaje grabado que subió a las redes sociales apenas minutos después de la votación del Senado.
En sesión extraordinaria, con 17 votos a favor sobre 28, la Cámara Alta terminó el trabajo que había empezado en diciembre, cuando le dio la primera aprobación.
El texto fue luego a Diputados, donde sufrió modificaciones -todas consensuadas dentro de la coalición gobernante-, por lo que volvió al Senado, que no podía ya cambiar el texto, y únicamente debía aprobar o rechazar lo que llegó de la Cámara baja.
Ahora el texto pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, lo que se estima ocurrirá en breve.
“Recién se aprobó la reforma al sistema de seguridad social. Fue un tema discutido por la prensa, en el sistema político, en la opinión pública. Y quedó instalada la necesidad de la reforma, pero quizás falta hablar más al respecto”, señaló Lacalle Pou en el inicio de su mensaje.
Y remarcó que “hace 5 años que todo el sistema político entendió que la reforma era urgente, porque subió la expectativa de vida y porque, como contrapartida, existe una tasa de natalidad muy baja”.
“A veces cuesta imaginar el futuro. Pero los números indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se necesitan para solventar el sistema jubilatorio. No alcanza con los aportes directamente destinados a la seguridad social”, advirtió.
Subrayó que cambiar el sistema había sido una promesa de campaña y ponderó que la Ley de Urgente Consideración -aprobada en un referendo- dio paso a la conformación de un Comité de Expertos que analizó posibles modificaciones.
Puso de relieve también el debate en el Parlamento, donde “se agregan y se sacan cosas, pero ahí está la representación de todos los partidos, de todos los votantes del país”.
“Esta es una reforma con sensibilidad social, con un tratamiento especial para la discapacidad, que trata de universalizar jubilaciones y pensiones. Y que permitirá que quien se jubila y se siente con fuerzas o necesita seguir trabajando, pueda retomar la actividad y aportar de nuevo, para después jubilarse seguramente con más dinero”, manifestó.
Rechazó los “argumentos que no son ciertos” de parte de algunos sectores y confió en que “las jubilaciones más bajas claramente serán más altas en el país”.
“Cuando el gobierno asume no es que solo entra a los ministerios, que entra a una oficina. Asume la responsabilidad de hacer. El tiempo pasa y uno debe hacerse cargo de los compromisos y de las necesidades de los uruguayos. Yo no podría mirarlos a los ojos si lo dejaba pasar este tiempo. Hay reforma y estén tranquilos que si hay reforma hay futuro”, concluyó Lacalle Pou.
El proyecto tuvo en estos meses el rechazo del opositor Frente Amplio y de la central única de trabajadores, el PIT-CNT, que además dispuso tres paros generales contra la iniciativa.
«Otra promesa incumplida del gobierno que le cambia las reglas de juego a las y los trabajadores. La reforma de jubilaciones es una nueva falta a la verdad que perjudica a la mayoría de las y los uruguayos», tuiteó hoy el Frente Amplio.
«Invita directamente a trabajar más años para jubilarnos y a cobrar menos», según resumió en marzo el titular del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, integrante de la conducción de PIT-CNT.
Para lograr el voto abroquelado de todo el oficialismo, el Ejecutivo debió aceptar cambios propuestos por Cabildo Abierto y el Partido Colorado, dos de las cinco fuerzas de la coalición de gobierno.
Algunas modificaciones fueron para limitar las inversiones en el exterior de las administradoras de fondos, prohibir a futuros gobiernos cambiar la edad jubilatoria sin aval del Congreso y reducir la cantidad de años de residencia en el país exigidas a los migrantes para poder acceder a una pensión.
