Aunque cada 25 de diciembre miles de familias uruguayas celebran la Navidad en el ámbito privado, el Estado uruguayo no reconoce oficialmente esa festividad bajo ese nombre. En su lugar, el calendario nacional establece un feriado no laborable denominado Día de la Familia, una singularidad que convierte a Uruguay en una excepción dentro de América Latina.
La denominación actual tiene su origen a comienzos del siglo XX, en el marco de un proceso de separación entre el Estado y la Iglesia. Durante el gobierno de José Batlle y Ordóñez, se impulsó una serie de reformas orientadas a consolidar un Estado laico, que incluyeron la redefinición de los feriados oficiales.
El cambio quedó formalizado entre 1917 y 1919, cuando una ley eliminó las referencias religiosas del calendario. Desde entonces, el 25 de diciembre pasó a llamarse Día de la Familia, mientras que el 6 de enero dejó de ser Reyes para convertirse en el Día de los Niños.
Desde Presidencia de la República, les deseamos felices fiestas y un próspero año, con más oportunidades y bienestar para todas y todos. pic.twitter.com/RHPfARR81m
— Presidencia Uruguay (@compresidencia) December 24, 2025
Pese a la ausencia de reconocimiento oficial, la Navidad continúa siendo una celebración extendida en la vida social y cultural del país. Cenas familiares, intercambios de regalos y reuniones íntimas forman parte de la jornada, aunque sin actos estatales ni referencias religiosas institucionales.
Esta postura distingue a Uruguay de la mayoría de los países de la región, donde el 25 de diciembre sigue siendo un feriado religioso. La particularidad se refuerza con los datos del Latinobarómetro, que indican que cerca de la mitad de la población uruguaya no profesa ninguna religión y que el país presenta el menor porcentaje de católicos y evangélicos del continente.
Más de un siglo después, el Día de la Familia permanece como expresión de la identidad laica del país. Mientras la Navidad sigue viva en los hogares, el Estado mantiene su distancia institucional, reflejando una tradición política que prioriza la neutralidad religiosa en el espacio público.
