El miércoles de la semana pasada estallaron las manifestaciones populares en las principales ciudades de Colombia. En principio, la causa principal de las protestas fue una reforma tributaria anunciada por el oficialismo, conducido por Iván Duque. Finalmente, el proyecto fue retirado el domingo y se anunció la salida del ministro de Hacienda. Sin embargo, la mecha ya se había encendido, y las demostraciones públicas del descontento general de los ciudadanos respecto de su clase política gobernante ya son muy difíciles de parar. 

La pandemia del covid-19 ha tenido graves efectos, tanto sanitarios como sociales hacia adentro del país. Desde que comenzó ya han muerto más de 72.000 personas. Al mismo tiempo, la campaña de vacunación se está desarrollando de forma que la mayoría de los colombianos consideran lenta e ineficiente. A pesar de las promesas del Gobierno de una campaña más eficaz, por ahora, poco menos del 10% de la población ha sido inmunizado con la primera dosis.

Durante la primera semana de marchas hubo al menos 19 muertos y 846 heridos notificados oficialmente.

A su vez, las cifras de desempleo, pobreza e indigencia aumentaron de manera exponencial a partir del año pasado. De acuerdo al diario La República, la economía del país experimentó una caída del 6,8% en 2020. Mientras que la población económicamente activa sin empleo formal ascendió a 4,1 millones. De acuerdo a la Dirección Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), durante el primer año de la pandemia cerraron más de 500.000 comercios. Hay otro dato que preocupa aún más: 2,3 millones de hogares apenas consumen dos comidas diarias. Sumado a esto, según los datos oficiales, el 19% de las familias se encuentra viviendo bajo la línea de pobreza. Si bien, el Gobierno incrementó el gasto social el año pasado para paliar los efectos de la pandemia, llegando a utilizar el 4,1% de su Producto Bruto Interno, no parece ser suficiente.

El principal desafío del nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, será revertir estos números.

El ex presidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque, se refirió el día que comenzaron las manifestaciones, a través de su cuenta de Twitter, al “derecho de soldados y policías de utilizar sus armas” para reprimir. La publicación fue bajada inmediatamente por la red social, debido a que infringía las reglas de uso de la misma al considerar que estaba incitando a la violencia.

Figuras políticas de relevancia en Colombia, como el alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, o el senador Roy Barrera, pidieron directamente la suspensión de la cuenta del ex mandatario. Actualmente Uribe es objeto de una investigación por lazos con el crimen organizado, el narcotráfico, la compra de testigos, y fraude procesal. El juicio comenzó en abril de este año, de ser declarado culpable podría enfrentar hasta 30 años de cárcel. Su proyecto político, por el momento, se mantiene en el poder y con vitalidad suficiente para competir con posibilidades en las elecciones presidenciales del próximo año.

Las jornadas de estos días recuerdan a lo sucedido en noviembre de 2019. El movimiento social en Colombia luego se vio mermado debido a la pandemia, pero ha resurgido con más fuerza.

Hay muchas causas que explican en gran medida el descontento popular. Entre ellas se encuentra la ya mencionada situación económica y la “impunidad” a la hora de pagar impuestos de los grandes oligopolios del azúcar, la minería y el banano. También se exige una reforma profunda de las fuerzas de seguridad. Distintas ONG registraron sólo durante el año pasado, cerca de 1.000 casos de abuso policial. Mientras que, en septiembre del 2020, el asesinato de 13 personas durante dos días de protestas en Bogotá generó el pedido de desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se encarga de reprimir las manifestaciones.

A diferencia de lo que sucede en el resto de América Latina, la policía colombiana es parte del ministerio de Defensa y su mayor objetivo es la lucha contra las guerrillas marxistas. Esto hace que sus miembros no sean juzgados por la justicia civil, sino por tribunales especiales, formados por sus pares.

Otro de los grandes reclamos es retomar los acuerdos de paz que firmó el anterior presidente, Juan Manuel Santos, en 2016, junto a los líderes de las FARC. Los manifestantes consideran que el Gobierno utiliza a las guerrillas de excusa, para no debatir los asuntos necesarios para el desarrollo del país: ampliación de los derechos sociales, legalización de las drogas, sistema de salud y educación.

En los años posteriores al comienzo del proceso de paz, las masacres y los asesinatos contra líderes sociales se incrementaron. Para quienes participan de las protestas, la estrategia del uribismo en general y de los que gobiernan el país, no tiene que ver con la paz sino más bien todo lo contrario. Al sostener a su “enemigo interno”, el oficialismo puede justificar no dar cauce a ninguna de las demandas sociales con el pretexto de la amenaza marxista.

De la misma manera, fortalece el control represivo de las fuerzas de seguridad sobre la población. Mientras esto sea así, la política de Colombia permanecerá anclada a la primera mitad del siglo XX, previo a la conquista de los derechos de segunda y tercera generación.