Cada septiembre es una invitación para recordar. Siempre que se acerca el comienzo de la Primavera recordamos que en la previa de los festejos del Día de los Estudiantes, en septiembre de 1976, los grupos de tareas de la policía bonaerense que comandaba el temible coronel Ramón Camps, secundado por el siniestro comisario Miguel Etchecolatz, secuestraron y enviaron a distintos centros clandestinos de detención a numerosos estudiantes que militaban en organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Aquellos hechos tuvieron su epicentro en La Plata. Después del golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo, la capital bonaerense se convirtió en una de las ciudades más castigadas por la represión ilegal. La Plata era un punto estratégico en aquellos años, como también lo era Córdoba. Hasta allí llegaban jóvenes desde distintos puntos del territorio para estudiar en sus universidades. No fue casualidad que en ambas capitales funcionaran algunos de los centros clandestinos de detención y torturas más terribles del Proceso.
Desde finales de la década del 60, la Universidad de La Plata y los tres colegios secundarios que dependían de ella (Colegio Nacional, Liceo Víctor Mercante y Escuela de Bellas Artes) eran ámbitos de profundo debate político. Imbuidos de un clima de época, los principales focos de atención de los estudiantes eran las agrupaciones revolucionarias de izquierda.
Por ello, en los 70, los militares habían puesto el ojo en la juventud platense, en los estudiantes secundarios y universitarios que mostraban un grado de organización y compromiso social importante. Las dictaduras siempre rechazaron el pensamiento crítico que se forjaba en nuestras prestigiosas instituciones educativas, siendo los jóvenes su blanco predilecto.
Ya para septiembre de 1976 los grupos de tareas habían sembrado el terror en el país. En las afueras de La Plata se había montado el centro clandestino conocido como “La Cacha”, donde operaban tanto el Ejército como la Policía y el Servicio Penitenciario de Buenos Aires en la tarea de torturar y hasta hacer desaparecer a personas (la mayoría de ellos jóvenes), lo que representaba el último eslabón en la cadena del horror.
Concretamente, el 8 de septiembre fue secuestrado Gustavo Calotti, que por entonces tenía 17 años y cursaba 5° año en el Colegio Nacional Rafael Hernández. Luego, entre el 9 y el 21 de aquel mes, los militares dieron un golpe brutal, secuestrando a nueve chicos más, todos estudiantes de colegios secundarios. Algunos de ellos militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), otros lo hacían en la Juventud Guevarista. La mayor parte de los secuestros ocurrieron al caer la tarde del día 16, por eso a aquella faena en las sombras se la conoce como La Noche de los Lápices.
En verdad, en los meses anteriores a aquella fatídica noche ya era incesante la desaparición de estudiantes secundarios (y también universitarios). De ello da cuenta la Resolución 1.048/15, dictada por la UNLP, que recuperó y reparó los legajos de estudiantes víctimas del terrorismo de Estado. Allí se refiere que “este hecho histórico, constituido por una serie de secuestros de estudiantes secundarios con militancia política, efectuados en La Plata durante el mes de septiembre de 1976, se enmarca en el plan sistemático de exterminio que llevó adelante la última dictadura cívico-militar”. Esta ola de persecuciones ya se había iniciado hacia fines de 1975, con el asesinato de Ricardo Arturo Rave, dirigente de la UES de La Plata, y continuó (y se agravó) durante los años de la represión dictatorial.
Tras meses de encierro y tormentos, cuatro de los diez jóvenes secuestrados en La Noche de los Lápices fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo sin intervención de la Justicia, que era lo habitual en aquellos tiempos, y recuperaron su libertad. Los restantes seis permanecen desaparecidos. Ellos son: Daniel Racero; Horacio Ungaro; Claudio de Acha; Francisco López Muntaner; María Clara Ciocchini y María Claudia Falcone.
Es más que evidente la vinculación entre la desaparición de estos jóvenes y su militancia estudiantil. Es decir, lo que debería ser un valor, en aquella época era considerado como un disvalor, motivo suficiente para que los militares los detuvieran y torturaran, sin proceso legal alguno, y en muchos casos nunca más pudieron regresar.
En el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), presentado el 20 de septiembre de 1984, se confirma que “los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana; Pozo de Banfield; Pozo de Quilmes; la Jefatura de Policía de Buenos Aires; las comisarías 5°, 8° y 9° de La Plata; la 3° de Valentín Alsina, en Lanús; y el Polígono de Tiro” de la policía.
Hoy, a 47 años de aquel triste y doloroso episodio, resulta imprescindible recordarlo, haciendo un ejercicio de memoria colectiva que permita reconciliarnos con nuestra propia historia, en base a la verdad y la justicia. En este sentido, debemos reconocer que, desde 2006, esta fecha emblemática es considerada como el Día Nacional de las Juventudes. Los argentinos y argentinas necesitamos mantener viva la memoria, máxime cuando han vuelto a resurgir últimamente ciertas posturas y discursos que creíamos superados y amenazan con abrir una nueva y profunda grieta en la sociedad.
