Mediante precisas directivas dictadas desde el seno del FMI, la relación Gasto Público/PBI preexistente se debe reducir en no menos de dos puntos porcentuales. Es uno de sus los requerimientos obligatorios. Tradicionalmente, Argentina se ha ubicado entre las economías que exhibía una relación no superior a 31,5%, sumando los tributos vigentes en sus tres jurisdicciones. Cabe recordar que en Brasil la misma es de 35,3%, en Estados Unidos actualmente llega a 36,8%, en los países de la Unión Europea el promedio respecto de todos ellos llega a 41,7% y en Japón se eleva a la expresión máxima de 42,8%.
En septiembre del año anterior bajo las directivas y contralor de los funcionarios del Fondo, la elaboración y posterior trámite de tratamiento legislativo fue bastante menos problemático de lo que inicialmente se suponía ya que se cumplimentaron las imposiciones de los técnicos, que fijaron como objetivo esencial la de procurar eliminar radicalmente el histórico déficit primario. El contexto fuertemente deficitario que caracterizó al ejercicio 2018 y todos los anteriores los llevó a agudizar el control. Para seguir de cerca la gestión, se instalaron en dependencias del Banco Central, y desde allí vienen monitoreando minuciosamente el referido proceso de ejecución.
Salvo los gastos afectados a prestaciones sociales, que se prevé suban hasta un 37% en su cotejo interanual, todas las demás erogaciones han sufrido drásticos “recortes” que implican una baja de alrededor de 400.000 millones de pesos; con lo cual se apunta a reducir el nivel de los gastos de inversión. En un contexto recesivo y sin perspectiva alguna de crecimiento, pese al contexto electoral del año en curso, las bajas en el gasto público federal son de cierta importancia y las instrucciones en tal sentido del FMI muy probablemente contribuirán a acentuar esa tendencia. En oportunidad de la elaboración presupuestaria se adoptó como referencia un índice de inflación del +23% que implica una baja a la mitad respecto al índice que se registró en la ejecución del ejercicio precedente, lo cual es puesto en duda por casi todos los analistas privados.
Respecto al rubro remuneraciones del personal, la suba interanual prevista es de un +33% incluyendo las que corresponden por ese concepto al conjunto de universidades públicas. Por tanto, todo el conjunto figura con una asignación global a ese efecto de 695.000 millones de pesos. Todos las demás erogaciones de funcionamiento y corrientes aparecen sólo incrementados en 6% y 7%, respectivamente, pretendiendo que el habitual déficit primario desaparezca.
En cuanto al crucial rubro “intereses y demás gastos financieros”, se los consigna estimados en 598.000 millones de peoss, cifra que, en su totalidad, admiten que constituirán el déficit total del ejercicio y equivale a 3,7% del PBI. El programa oficial en este sentido prevé que en su transcurso se cancelen Letes y sus respectivos intereses por nada menos que 28.300 millones de dólares, incluyendo el equivalente a 15.200 millones de dólares que corresponden exclusivamente a intereses. Los gastos de capital, que en 2018 ascendieron a 219.100 millones de pesos se programó para reducirlos a sólo 160.200 millones (-27%). Por lo tanto, de cumplirse esa disminución, impulsará por sí una fuerte y acentuada recesión. El gasto primario se ha estimado que bajará en idéntica proporción. La recomendación del Fondo es que se actúe al efecto con el máximo rigor, prescindiendo de los funcionarios que “no estén a la altura de las circunstancias”.
Nuevos niveles de presión tributaria
Paralelamente, pretenden que los recursos tributarios se eleven en un 43% mientras el gasto primario lo deberá hacer en no más de 25%. Obviamente, para lograrlo reconocen que las características del escenario actual permiten prever que ello generará un índice negativo en la evolución del producto bruto interno de 2019. Los analistas privados más reconocidos coinciden en que para fines de este año, el déficit será por lo menos de -1,6%. En cuanto a las críticas más acerbas, han surgido al constatar que se ha acotado severamente la actualización en rubros tan vitales como el nivel de los salarios, incluso sin siquiera considerar un trato diferencial para docentes de todos los niveles y médicos que cumplen con tan delicadas funciones. Es cierto que constituye una indudable novedad la búsqueda del equilibrio fiscal pero al realizar los recortes del gasto no se consideró en forma adecuada la diversa relevancia que deben tener unos sobre otros sin distinguir prioridades de ninguna naturaleza, salvo las muy pocas antes referidas.
Resulta obvio que los funcionarios consideraron equívocamente que las problemáticas condiciones que se advierten en el mercado interno justifican proceder de tal manera, pero los especialistas no lo admiten e insisten en que siempre se debe establecer un orden de prevalencia. Reiteran que si se verificara en los hechos, esa situación exigiría adoptar nuevas medidas hasta ahora no implementadas, pero siempre fijando estudiadas prioridades. Seguramente han creído que la situación internacional y las restricciones que existen en ese ámbito son de por sí una palanca para gestionar créditos externos pues en tal contexto ahorraría de tener que dar mayores explicaciones. Pero nadie puede ignorar que el clima de inestabilidad tiene aristas muy sensibles que de por sí despiertan alarma y creciente contrariedad. Muy especialmente ha generado mucha preocupación que la deuda pública haya “saltado” en forma muy violenta pues a fines del ejercicio 2015 equivalía al 53% del PBI y desde entonces hasta al cierre de 2018 ha trepado insólitamente hasta superar el 82,6%.
Para localizar en el tiempo una situación semejante se debe retroceder hasta fines del siglo pasado período 1998/2002, precedente del lapso 2003/08 en que se verificó un incremento en el PBI de +52.6%, el máximo registrado en 200 años de vida independiente. Obviamente las condiciones actuales son muy diferentes y el principal obstáculo externo es la muy comprometida situación que viene afrontando nuestro gran vecino y socio en el Mercosur, Brasil. Entre las decisiones que han provocado mayores críticas, por no encontrar cómo justificarla, la de no obligar a los exportadores que dentro de un plazo prudencial tengan la obligación de traer el resultado de tales operaciones y venderlas al Banco Central. Actualmente, los mayores exportadores han optado por mantener dichos fondos en el exterior, lo cual crea serias dificultades en materia de disponibilidades que podrían haber sido fácilmente evitadas.
Existe en las principales plazas mundiales gran interés por seguir paso a paso la evolución de la economía argentina y la flamante relación con el FMI, después de 17 años sin tales vínculos. Actualmente tanto Estados Unidos como la Unión Europea pretenden que dicho programa económico sea exitoso, implica para ellos erradicar lo que califican como “populismo”. Jurisdicción nacional, pues los gobernadores de las principales provincias y en los 15 municipios de mayor magnitud prefieren otorgar prioridad absoluta a las acciones que los puede favorecer en oportunidad de la próxima contienda electoral.
Las múltiples, continuas y sucesivas encuestas traducen el desconcierto y la falta de decisión que reina en la mayoría de los electores. Parece que sólo se han de decidir en fechas muy próximas a los comicios. Lo paradójico es que hasta ahora la puja no admite otras opciones que los dos esquemas que rigieron sucesivamente desde 2003 en adelante y que la ejecución presupuestaria gravitará muy poco en tales decisiones; aunque el resultado electoral en sólo cuatro provincias y la Capital Federal decidan por el total de las 24 provincias.