El peso político de la iglesia católica en América latina es, desde la Colonia a nuestros días, una permanencia fluctuante. Su incidencia en la determinación de los rumbos que ha asumido la vida institucional en el continente ha tenido diferentes orientaciones, según cómo soplaran los aires de la cultura, de la ideología dominante, y de las instrucciones llegadas a las nunciaturas apostólicas desde Roma.
Los escenarios de la relación iglesia-política han sido tan disímiles en 200 años, que ni siquiera podría hablarse de posiciones mayoritarias, o tendencias predominantes que cruzasen en transversal. Estos vaivenes históricos generales fueron modelando la relación entre las jerarquías con los gobiernos, que van desde persecuciones eclesiales (como las revueltas de los “cristeros” mexicanos, que asesinaron curas a mansalva; o el incendio de templos en la Argentina, durante el primer peronismo), hasta la participación activa de sectores eclesiásticos en los procesos políticos de transformación, siguiendo la línea de la teología de la liberación y de la teología del pueblo. Uno de los casos más notorios de este involucramiento fue la revolución sandinista en Nicaragua, que tras el derrocamiento de la dictadura de “Tachito” Somoza formó una junta de gobierno en la que participaban tres religiosos ordenados.
La inclusión del clero en la revolución puede haber sido un caso extremo, pero no el único: las comunidades eclesiales de base (CEB) eran semilleros de militantes políticos; el episcopado brasileño, numéricamente el mayor del continente, se inclinaba hacia la protección de las “favelas” y en oposición al gobierno autoritario; y los curas de la opción preferencial por los pobres, los curas villeros, y el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo, fueron algunas de las tantas manifestaciones del clero más comprometido. Este sector de la iglesia latinoamericana llegó inclusive al martirio, con el asesinato de monseñor Arnulfo Romero mientras celebraba misa en El Salvador, y los seis jesuitas asesinados en la Universidad Centroamericana.
La iglesia chilena participó, naturalmente, de este derrotero con sus notas características: siempre su incidencia, a nivel de jerarquías episcopales, fue más alta que en los demás países de la región, dado que en Chile uno de los partidos políticos mayoritarios fue la Democracia Cristiana que, como en Europa, mantuvo con la conducción de la iglesia una relación simbiótica. Aunque la novedad llegó con el golpe de Estado del general Augusto Pinochet y la dictadura. El cardenal Raúl Silva Henríquez, que había sido sacerdote de Don Bosco y presidía la iglesia chilena desde el arzobispado de Santiago, puso inmediatamente a toda la institución al frente de la defensa de los derechos humanos ante el atroz ataque que desplegó el pinochetismo, contra los restos de la experiencia revolucionaria democrática de Salvador Allende. El cardenal abrió en la mismísima sede de la catedral metropolitana la Vicaría de la Solidaridad, que acogió perseguidos, denunció torturas y secuestros, y apoyó de todas las maneras posibles a las víctimas del terrorismo de Estado. Esta actitud de monseñor Silva Henríquez (llegarían inclusive a postularlo a la Presidencia de la República cuando se abrió la transición democrática) le otorgó un adicional de prestigio simbólico a la iglesia y a sus principales representantes. Entre éstos, destacó durante décadas la figura del jesuita Renato Poblete.
Poblete era el capellán del Hogar de Cristo, la casa solidaria para pobres que había fundado otro jesuita, el padre Alberto Hurtado, que por esta acción fue proclamado santo. Me tocó vivir, en aquellos años, en Chile, mientras cursaba mi posgrado en la universidad que, precisamente, recibiría el nombre del santo jesuita. Y me tocó conocer, en calidad de alumno, a Renato Poblete: no terminó bien aquella relación académica nuestra; al parecer yo era un “argentino demasiado arrogante” para los criterios morales del importantísimo cura, ya por entonces considerado prácticamente un héroe nacional.
Poblete -como muchos como él en ese ambiente donde los representantes eclesiales se asemejaban a superhombres- gozó de una fama y un poder enormes en el Chile de la dictadura, en el de la transición, y también en el de la democracia, ya que llegó a ser consultor personal de presidentes como Patricio Aylwin, Sebastián Piñera, y hasta de Michelle Bachelet.
Hoy sabemos que, mientras Renato Poblete desplegaba esta faz pública de gran hombre de la iglesia y de la política, por abajo era un monstruo. Una investigación interna de los jesuitas, tras la lluvia de denuncias que siguieron a la muerte del cura, en 2010, ha determinado que Poblete fue culpable de -al menos- cuatro abusos a menores de edad; dos relaciones abusivas y estables en el tiempo; y 16 casos de “abordaje sexual inesperado y violento”; y, dice la Compañía de Jesús, con vergüenza y desconcierto, que “estos hechos ocurrieron de forma reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote”.
El caso de Renato Poblete, que es candidato a convertirse en la piedra de toque de la crisis de la iglesia latinoamericana en el tema de los abusos sexuales por parte de miembros del clero, se suma, como un acopio de excrecencias fecales, a los expedientes de los curas Fernando Karadima; Cristián Precht y los otros cuatro religiosos maristas; John O´Reilly, de los Legionarios de Cristo; Gerardo Joannon; y los obispos (ya expulsados de la iglesia) Marco Antonio Órdenes y Francisco Cox, de los comunidad de Schöenstatt. A pesar de la abrumadora lista -que promete seguir sumando nombres- sorprende la insistencia en presentar estas monstruosidades como conductas esporádicas, aislable en lo individual. Sin embargo, hay un patrón. Hay que cuidarse de quienes se presentan como espadachines de la moral más rígida. Debajo de las sotanas, los curas angelicales tienen sexo, como cualquiera.